Todas y cada una de las trabajadoras sexuales reducidas a víctimas de trata en México



PROSCRIPCIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN EL TRABAJO SEXUAL
* Su negación implica una nueva muerte social de las trabajadoras sexuales
*Que el movimiento amplio de trabajo sexual capitalino,
cierre filas contra las agresiones

 Agencia de Noticias Independiente, Noti-calle, 25 de noviembre de 2011, día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Por Jaime Montejo.-  Hay poco qué celebrar hoy en México, cuando desde el Programa Nacional de Derechos Humanos dela Administración Pública Federal, publicado el 29 de agosto de 2008 en el Diario Oficial dela Federación (DOF), se menciona como un objetivo “erradicar la prostitución”, sin atender las causas que la generan.

 Así mismo, el Programa Nacional para Prevenir y Sancionarla Tratade Personas 2010 – 2012, publicado el 5 de enero de 2011 en el DOF, establece que “se impulsará el rechazo social a la prostitución”, lo cual se equipara en la práctica con incitar al odio hacia las trabajadoras –res sexuales.

Posteriormente se publica el decreto del 23 de febrero de 2011, que modifica el artículo 5 dela Leypara Prevenir y Sancionarla Tratade Personas, donde se señala que  “incurrirá en el delito de trata de personas, quien contrate los espacios o de a conocer desplegados o anuncios de ese tipo, que genéricamente incluyen la publicidad que se hace a servicios sexuales”, criminalizando no sólo a proxenetas, sino también a trabajadoras sexuales que laboran por su cuenta y no tendrán más remedio que recurrir a la “protección oficial”, que ofrecen servidores públicos que viven de explotar la prostitución ajena, esto es, que se dedican entre otras cosas, al lenocinio y la trata de personas.

Como si todo ello fuera poco, hace apenas dos días, con 325 votos,la Cámarade Diputados aprobó eliminar el consentimiento de la víctima como excluyente de responsabilidad para los inculpados por el delito de trata de personas, borrando por decreto la diferencia entre víctimas de trata y trabajadoras sexuales móviles, que migran permanentemente de un lugar a otro.

A partir de ese día, todas las trabajadoras sexuales son víctimas de trata, sin excepción, negándole a un sector importante por decreto, el derecho a decidir qué hacer sobre su cuerpo y sobre su permanencia en la industria sexual. Es como lo señala Kim Kardashian, el puño piadoso del poder, sobre las trabajadoras sexuales mexicanas.

Esta victimización, que no es otra cosa que violencia institucionalizada contra las mujeres trabajadoras sexuales, impulsada básicamente por mujeres, es un despliegue de poder, un abuso que se legitima asegurando que sólo busca el bien de las presuntas víctimas; cuando en realidad su fuerza  material radica en perpetuar la precariedad del trabajo sexual, incluso en fomentarlo y ampliar sus redes para justificar el “rescate” de trabajadoras sexuales que no requieren, no necesitan y no buscan ser rescatadas de ninguna situación abusiva en su contra.

Sólo resta quela Ley Generalpara la prevención y combate de la trata de personas, que está por expedirse, considere delincuente al cliente de servicios sexuales, convirtiendo a las trabajadoras sexuales en cómplices del delito.

En hora buena, evangelio y feminismo hegemónicos, condenan a  las trabajadoras sexuales que no son víctimas ni esclavas de sus decisiones, a la muerte social y a la condena generalizada por no asumirse como víctimas y negarse a ser rescatadas.

¿Qué hacer entonces para que se respeten y defiendan los derechos humanos de las trabajadoras –res sexuales, en un contexto nacional donde todas ellas y ellos son considerados víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y sus opiniones no han sido tomadas en cuenta para el diseño de la legislación sobre el tema y tampoco para las demás políticas públicas que garanticen su derecho a trabajar en el sexo, o a retirarse de dicho trabajo en cuanto sea su voluntad?

¿Qué hacer para que los operativos contra la trata de personas con fines de explotación sexual, dejen de ser operaciones de limpieza social y razzias que violentan la dignidad de las y los trabajadores sexuales?
 Las y los trabajadores sexuales deben informarse de sus derechos, organizarse, movilizarse de manera civil y pacífica y hacerse respetar por las autoridades y otros sectores de la sociedad, como lo han hecho durante más de 40 años en México; ya que al ser victimizadas todas y cada una de las trabajadoras –res sexuales, sus “salvadoras” reproducen el paternalismo patriarcal que tanto cuestionan y que hoy niegan por decreto a las trabajadoras sexuales el derecho a tomar decisiones sobre nuestras vidas, y a opinar libremente sobre su trabajo y condiciones de vida.

El grupo que debe impulsar una estrategia de incidencia política que haga respetar y promueva la defensa de los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales, debe estar integrado por el movimiento amplio de trabajadoras –res sexualesmexicano, organizaciones que defienden los derechos humanos de este sector, comisiones gubernamentales de derechos humanos, académicos, religiosos, vecinos y trabajadores de medios de comunicación sensibles a nuestra situación.

Algunos temas prioritarios para las trabajadoras sexuales, son los siguientes: En lo inmediato, la convivencia armónica en la calle con vecinos y autoridades, situación que les permitirá trabajar en paz, sin molestar a terceros y sin ser molestados por nadie. A corto plazo, la conquista de un marco jurídico que reconozca a quienes laboran por su cuenta, como trabajadores no asalariados, con todos los derechos y obligaciones que ello implica. A mediano plazo, el reconocimiento de las obligaciones patronales de quienes contraten de manera verbal o escrita a trabajadoras sexuales para que laboren en establecimientos comerciales dedicados al trabajo sexual, como lo recomendóla Oficinadel Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México.

Los problemas a los que nos enfrentamos son, entre otros, la muerte social a la que hemos sido sometidas las trabajadoras –res sexuales en la cruzada nacional contra la trata de personas con fines de explotación sexual, quienes han tenido que guardar silencio para no ser criminalizadas por defender su derecho al trabajo sexual.

Después del recrudecimiento de la discriminación de las trabajadoras -res sexuales, con las políticas públicas con las que ha sido abordada la pandemia del VIH/Sida, al etiquetarles como grupo de alto riesgo que debe ser “verificado” periódicamente como los automóviles emisores de contaminantes; la fuerza del Estado mexicano se ha centrado en la incitación al odio hacia nuestro sector, al querer rescatarles a la fuerza y contra su voluntad de situaciones que muchas personas eligieron de manera soberana o al criminalizarles por defender sus fuentes de trabajo sexual y no asumirse como víctimas deseosas de “reintegrarse” socialmente, a una sociedad que discrimina a las mujeres y no nos ofrece otras fuentes laborales alternativas al sexo comercial, que les permitan solventar sus gastos y que un salario mínimo no garantiza a nadie en este país.

Uno de los objetivos que debemos plantearnos es establecer un ordenamiento que defina nuestros derechos y obligaciones laborales, entre los que se encuentran la convivencia armónica entre vecinos, autoridades y trabajadoras –res sexuales, en el uso de los espacios públicos; donde todo el poder para establecer dicho disfrute, no quede en manos del Estado, ya que eso ha propiciado la institucionalización del lenocinio en las estructuras del Departamento del Distrito Federal (DDF) y ahora en el Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Así mismo, que no se condicione el usufructo de la vía pública a la participación obligatoria en programas sociales e iniciativas de control sanitario discriminatorio como aquellos que imponían la prueba de VIH/Sida, el uso de credenciales que falsamente pretendieron acreditar nuestra salud libre de ITS. Dicha normatividad, deberá incluir la opinión vecinos y trabajadoras –res sexuales, sin la pretensión de establecer zonas de tolerancia, corredores sexuales o puntos tolerados, como en el pasado lo han hecho las autoridades.

Para ello, deberíamos promover que se incluyan las opiniones de las y los trabajadores sexuales enla Leyde Trata de Personas del Distrito Federal, para que no nos sigan tratando como víctimas o victimarias al no reconocernos como objeto de trata. Cabildearemos nuevamente enla ALDFla iniciativa de ley de Julio César Moreno, que buscaba reconocerles como trabajadoras –res no asalariados, y que en su momento contó con un basto consenso al interior del movimiento amplio de trabajo sexual del D.F.

Así mismo, mostrar a la opinión pública, que hay otras vías alternas para lograr el reconocimiento de las y los trabajadores sexuales como trabajadores no asalariados. Una de ellas es que el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, gire instrucciones al titular dela Secretaríade Gobierno del Distrito Federal o al Secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, para que emitan y publiquen enla GacetaOficialdel GDF, unos Lineamientos Generales que reglamenten la convivencia armónica en la calle entre trabajadoras-res sexuales, vecinos y autoridades, y así mismo propicien un mejoramiento en el nivel y calidad de vida de los trabajadores no asalariados, primordialmente de aquellos que realizan sus actividades económicas en la vía pública, como los son las y los trabajadores sexuales que tienen sus puntos de encuentro en espacios públicos, como lo establece el artículo 23, fracciones XV y XXX dela LeyOrgánicadela AdministraciónPúblicadel Distrito Federal (LOAPDF). Otra vía, es quela ConsejeríaJurídicadel GDF, reglamente el uso de la vía pública en el caso de las trabajadoras –res sexuales.

En este momento, una de las fortalezas del movimiento amplio de trabajo sexual en el Distrito Federal, es que podemos volver a cerrar filas para defender el derecho a trabajar en el sexo con libertad y responsabilidad, pese a nuestras diferencias y rivalidades. Una oportunidad es el hecho de encontrarnos en la recta final del sexenio, momento en el cuál por experiencia sabemos que muchos servidores públicos y representantes populares, pretender saldar algunas deudas históricas hacia nuestro movimiento. Una debilidad, es que ya son muchos sexenios de promesas y la mayoría de nuestras compañeras –ros, no sólo no confían en nuestros gobernantes ni enla CDHDF, sino que no esperan ninguna política pública afirmativa que nos beneficie. Una amenaza externa, el hecho de que al movilizarnos por nuestros derechos, no sólo seamos criminalizadas, secuestradas, violadas, sino también asesinadas.

En este momento algunas de las estrategias de intervención que podemos privilegiar, son la negociación con autoridades del GDF, con la mediación inicial dela CDHDF, que deberá asumir los costos políticos de invitar a todos los actores sociales involucrados en el trabajo sexual y no propiciar ni la impunidad del crimen organizado, ni la cacería de brujas de quienes participemos en este proceso de incidencia política. Así mismo, la unidad en las movilizaciones concretas que acordemos quienes impulsamos esta iniciativa, cada quien en sus tiempos, formas y espacios. La capacitación y acreditación  de quienes se han rezagado o queremos actualizarnos como defensoras –res de derechos humanos. Y, también, la implementación de una estrategia de medios, que permita formar no sólo corrientes de opinión favorables a nuestra lucha por el derecho a trabajar en el sexo en paz, sino también.

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