Morelia: alarma la desaparición de jóvenes pobres

Por Laura Castellanos.

Decenas de jóvenes de colonias populares de Morelia han sido secuestrados a la luz del día por hombres armados en camionetas sin placa o por supuestos vehículos de corporaciones policiacas estatales. Las víctimas son jóvenes de 15 a 29 años robustos, de talla media, la mayoría albañiles. Otros son limpiaparabrisas, mecánicos, herreros, estudiantes. 

MORELIA, MICHOACÁN. Doña María Elena Barajas solía ir a la recámara de su hijo Pedro, el muchacho albañil desaparecido el 15 de junio del 2011 en la colonia Tierra y Libertad, al noroeste de la ciudad de Morelia, para descorrer la puerta de su ropero y mirar su ropa, sus cobijas. Irremediablemente lloraba sin parar. 

A un lado del ropero está un altar con la virgen de Guadalupe. Del otro lado, la motoneta vieja azul cobalto del joven de 19 años de rasgos recios y carácter indómito. La motoneta es una testiga silenciosa. Ese 15 de junio, a las 18:30 horas, Pedro la llevó a la hojalatería del barrio. Un rato después el hojalatero lo vio discutir y forcejear con desconocidos armados que lo subieron violentamente a una camioneta blanca sin placas. 

Desde el secuestro, la madre de piel morena y curtida lloraba con el ropero abierto hasta que el hijo mayor improvisó una solución para aminorar su pesar: clavó la puerta del mueble. Pero el dolor no se fue. “A veces es tan fuerte que reniego de Dios y luego me arrepiento”, ella dice.

Ese junio su muchacho no fue el único secuestrado por hombres armados en Tierra y Libertad. En su colonia y la aledaña, la José María Morelos, se sabe de por lo menos 15 casos de jóvenes que de forma individual o en pequeños grupos fueron secuestrados el mismo mes.

Un día antes de la desaparición de su hijo “se llevaron a unos por la Secundaria 100, luego se llevaron a una bolita por donde está la lechería, y un día después se llevaron a otro de mi calle”.

Más casos de desapariciones forzadas de jóvenes han ocurrido en Morelia. La organización de derechos humanos Hasta encontrarlos documentó 13 casos como el de Pedro y tiene conocimiento de 44 más de familiares que por temor no interponen denuncias penales o los hacen públicos. Estos acontecieron en 9 colonias populares, la mayoría al norte de la ciudad, durante 2010 y 2011.

Los testimonios refieren que el perfil de la mayoría de las víctimas es similar al de Pedro: muchachos pobres de complexión robusta y talla media. El de los victimarios: hombres con armas largas en camionetas grandes con vidrios polarizados, sin placas, a veces encapuchados, y en un caso se señala a agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

“Los familiares tienen miedo y muchos no han denunciado”, expresa Cristina Paredes de Hasta encontrarlos. Algunos dicen tener información de que el crimen organizado, en colusión con agentes estatales y con la cobertura de personal ministerial de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ), se llevaron a los suyos “al norte del país o a otros municipios del estado para entrenarlos como sicarios o paramilitares”.

Hasta encontrarlos

 

La madre de Pedro desarrolló diabetes por tanta angustia y aflicción. Un día llegó a sus manos un volante de Hasta encontrarlos, la única organización de derechos humanos en Michoacán que acoge casos de desaparición forzada.

Decidió asistir a una reunión. Constató con sorpresa que había otras madres con hijos desaparecidos y tormentos afines. Finalmente, encontró con quien llorar.

 

Hasta encontrarlos está encabezada por las jóvenes hermanas Cristina y Janahuy Paredes, hijas de José Francisco Paredes, defensor de derechos humanos desaparecido en 2007. Si los familiares interponen la denuncia penal, ellas los acompañan en su viacrucis ministerial, y si aceptan hacer público el caso, ellas convocan a los medios locales. También realizan marchas y mítines para exigir la presentación de los suyos.

Algunas familias no quieren establecer denuncias penales o difundir los retratos de sus hijos porque creen que ellos están en manos del crimen organizado y pueden matarlos si así proceden o secuestrar a otros familiares.

Otras familias, como la de Pedro, sí decidieron denunciarlos penalmente, y otras más sólo dejaron consigna del hecho en quejas levantadas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Es importante enfatizar que los secuestros no sucedieron en el norte del país, ni en poblaciones rurales alejadas o carreteras, ocurrieron en Morelia, la capital de un estado, a tres horas y media de camino en auto desde la capital mexicana. La gran generalidad frente a testigos, a plena luz del día. En total impunidad.

Familiares bajo amenaza

Las jóvenes acompañaron a doña María Elena Barajas a poner la denuncia a la PGJ y dicen que se les intimidó en el interrogatorio. Que el comandante Pedro Olivares, de la unidad especializada de antisecuestros, las condujo a una habitación en la que abrió un mueble lleno de armas. Frente al mueble interrogó a la señora sobre su hijo. “Quería que tuviera miedo para que ya no siguiera”, ella recuerda. “Y tengo miedo de regresar ahí”.

 

Otros familiares también han declarado a Hasta encontrarlos que en la PGJ se les amenazó para no interponer o retirar la denuncia de desaparición de sus hijos. Y en dos casos estos señalan que comandos de presuntos agentes uniformados de negro, encapuchados y con armas largas, se presentaron en sus casas para amenazarlos de muerte si continuaban con el proceso penal.

 

Una de las madres que no quiso denunciar, dejó su testimonio anónimo por escrito en la organización. A las 19:00 horas del 25 de abril del 2011, en la colonia Prados Verdes, a diez minutos del centro de la ciudad, su hijo y otros cinco jóvenes, en edades de los 16 a los 21 años, algunos estudiantes y otros herreros de oficio, arreglaban un auto en la calle.

 

Hombres vestidos “como soldados”, encapuchados y con armas largas, arribaron en una camioneta Dodge color blanco, sin placas y vidrios polarizados. Vecinos y la madre de uno de ellos atestiguaron cómo los hombres se llevaron violentamente a los muchachos, que lloraban y clamaban por auxilio.

 

De acuerdo al testimonio de la mujer, meses después se liberó a dos de los adoleces pero no han querido dar información alguna. Las familias también guardaron silencio. Las otras familias piensan que es mejor no denunciar ni difundir los casos porque tienen la esperanza de que sus hijos también sean liberados.

Ella escribió: “Me han dado noticias de la posibilidad de que mi hijo está vivo, que se encuentra lejos del estado, que se lo llevaron para entrenarlo y volverlo sicario del crimen organizado, no sé si sea verdad o mentira, los papás de otro de los jóvenes me comentaron que tuvieron comunicación con su hijo y mi hijo está en el mismo lugar donde está él, con esto no quiero poner denuncia”.

 

Otra madre en el anonimato narró por escrito su caso, parecido al anterior pero en el que está involucrado un presunto vehículo oficial: A las 16:00 horas del 9 de septiembre de 2010 en la colonia Colinas del Sur, tres jóvenes albañiles de entre 18 y 28 años jugaban a las maquinitas en una tienda. Uno de ellos se llama Ernesto Pérez. El otro, Adán Flores. El tercer nombre no es público. Una camioneta del GOE, con torreta en la parte de arriba, se los llevó ante la mirada atónita de los dueños de la tienda.

 

La madre puso la denuncia en la PGJ. A los días de la desaparición de los muchachos, presuntos agentes del GOE, con armas largas, se presentaron en su casa a amenazarla para que retirara la denuncia con la promesa de que su hijo regresaría pronto. Ella, por el contrario, hizo ampliación de sus declaraciones.

Hasta encontrarlos dice que la PGJ nunca investigó el presunto involucramiento del GOE. La madre dice que ahora es intimidada telefónicamente, por lo que disminuyó su activismo en la organización. Del hijo no sabe nada.

 

Los padres del tercer muchacho acceden a hablar con El Universal con actitud temerosa. No quieren dar a conocer el nombre de su hijo ni identificarse. “Sí hemos sabido algo, pero por temor a que nos hagan algo no queremos decir nada”, dice el padre. “Pensamos que a lo mejor los tienen preparando para meterlos a la delincuencia organizada, porqué se los iban a llevar si ellos no hacían nada, eran unos muchachos trabajadores, buenos, responsables”, agrega la madre.

 

Otros casos con el mismo perfil registrados en Hasta encontrarlos, y que se mantienen en el anonimato, son: el 6 de junio de 2010 a 11 muchachos que jugaban futbol en la colonia Primo Tapia, todos menores de 20 años, se les secuestró en una camioneta. El 21 de noviembre de 2010 siete jóvenes albañiles desaparecieron en la colonia La Joya. El 7 de abril del 2011 un limpiaparabrisas desapareció de la colonia Lucio Cabañas. Sus familiares reportan que cinco limpiaparabrisas más de la zona están igualmente desaparecidos.

Fenómeno a la alza ignorado

Doña María Elena Barajas un tiempo vendió un tiempo ropa en abonos, productos de limpieza, pollo destazado. Ahora está dedicada a resolver la cotidianidad de su extensa familia. Y también a luchar por la presentación de su hijo.

Nunca había tenido participación social alguna. “Ahora empiezo a hablar pero muy poquito, porque no me hallo, y he ido a marchas de la organización en Morelia, Pátzcuaro, a mitines”, enuncia. Su voz no ha sido escuchada.

En Morelia nadie investiga ni tiene cifras oficiales sobre la oleada de desapariciones forzadas de jóvenes en colonias populares. Se ignora a cuántos jóvenes pobres más de los 57 que tiene conocimiento Hasta encontrarlos fueron secuestrados desde que arrancó la estrategia de combate al narcotráfico.

La PGJ estatal minimiza el fenómeno. El licenciado Andrés Vieyra, al frente de la jefatura de agentes del ministerio público, y a cargo del registro de personas extraviadas en Morelia, dice que los reportes locales de jóvenes extraviados generalmente se deben a que “se fueron a la playa o a la casa de un amigo y no informaron a los padres, algunos otros andaban de fiesta”.

Vieyra expresa que cuando denunciantes declaran que sus familiares fueron “levantados de manera violenta por un secuestro, -sus casos- se canalizan de manera inmediata a la fiscalía especializada de secuestros”.

El caso de Pedro muestra la celeridad del procedimiento: tardó casi cuatro meses en ser transferido al área especializada para su investigación.

El Universal le solicitó al funcionario que informara el número desglosado de casos de jóvenes extraviados turnados al área de antisecuestros de 2006 a la fecha. También que precisara los casos de jóvenes extraviados reportados en las colonias Tierra y Libertad, Prados Verdes y Colinas del Sur, entre otras. Vieyra prometió facilitar la información pero no lo hizo.

De idéntica manera El Universal buscó entrevistar a Margarita Sánchez Zamora, la encargada de la Dirección de Antisecuestros. La funcionaria declaró, a través del vocero Jonatan Arredondo, que sólo tienen 2 o 3 casos registrados de jóvenes secuestrados en dichas circunstancias pero que no podía precisar detalles.

Con respecto a las amenazas que los familiares dicen recibir luego de interponer las denuncias en la PGJ, Arredondo declara: “¿Cómo saber si hay amenazas si no las denuncian?”. A lo que Janahuy Paredes, por su lado, cuestiona: “Sí hay denuncias de estas amenazas en la PGJ, como en el caso de Colinas del Sur, pero en la institución no investigan porque dicen que es el crimen organizado con carros clonados”.

Tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) arrojó más luz sobre el fenómeno en repunte.

El ombudsman Marco Antonio Tortajada explicó a El Universal que tienen un registro de 275 de desapariciones forzadas en Michoacán sólo durante 2011, sin embargo que no cuentan con un desglose por sexo, lugar y edad.

“Un perfil determinado no existe como tal, si hablamos del total de las personas que han venido a solicitar apoyo a la Comisión, te podría decir que del 60% de personas desaparecidas son hombres, y un 40% entre mujeres y adolescentes”, explicó Tortajada.

Refiere no obstante que la mayoría de las 275 quejas de desapariciones forzadas provienen de Morelia, seguidas por las de los municipios de Quiroga y Alvaro Obregón. Las denuncias sobre los victimarios “no mencionan si son autoridades o no, simplemente que (se los llevaron) en camionetas negras, que llegaron dos o tres personas”.

 

El universal insistió a la CEDH le informara cuántas de las 275 desapariciones forzadas de 2011 ocurrieron en Morelia y corresponden a hombres entre los 15 y 30 años. El ombudsman se comprometió en hacerlo, pero tampoco dio la información.

Cristina Paredes dice que estos no son atendidos por las autoridades “por falta de voluntad política” porque se trata de muchachos pobres. Piensa que “debe haber un registro de los casos, pero por la corrupción y colusión de las autoridades no lo dan a conocer”.

Defensoras sin defensa

 

La madre de Pedro asiste con cierta regularidad a las reuniones de familiares de Hasta encontrarlos. Es para ella el espacio que le da fortaleza, compañía y esperanza de que debe seguir exigiendo que se resuelva el caso de su hijo.

“Cuando voy regreso más tranquila, si hay días que no voy me siento mal”, comenta.

Hasta encontrarlos es el único foro de acompañamiento, registro y denuncia de estos secuestros en Morelia. Sin embargo las hermanas Paredes están rebasadas por el número de casos que reciben y los riesgos que estos implican.

 

Hasta encontrarlos carece de financiamiento alguno, oficina, apoyo legal, aunque consiguió que dos profesionales den cierto apoyo psicológico. Si bien las muchachas crearon la organización en 2008 para exigir la presentación de su padre, que fue guerrillero en la década de los setenta, luego acogieron cinco ocurridos en el contexto de la guerra sucia de esa década en Michoacán.

Las hermanas Paredes dicen que su padre fue desaparecido por agentes federales. Él, junto con la Fundación Diego Lucero con sede en el Distrito Federal, promovían una iniciativa de ley que sancionara, previniera y erradicara la desaparición forzada.

El 23 de septiembre de 2010, en la víspera de la conmemoración de la desaparición de su padre, las hermanas Paredes, acompañadas por familiares y activistas, tomaron las instalaciones del congreso para exigir la resolución de éste y otros casos recientes que en el contexto del combate al crimen organizado se multiplicaban en el estado: periodistas, líderes indígenas, comerciantes, profesionistas.

En total, Hasta encontrarlos tiene registrados 127 casos de desaparición forzada en Michoacán.

La acción derivó en la creación de la Comisión especializada en los casos de michoacanos desaparecidos, conformada por cuatro diputados de diversos partidos. Se hicieron mesas de diálogo para esclarecer los casos. “Ningún caso se aclaró”, dice Janahuy Paredes.

Poco a poco, el fenómeno de los jóvenes pobres desaparecidos en colonias populares de Morelia comenzó a asomar en sus registros.

En días pasados las hermanas Paredes recibieron un caso más: un joven albañil de 15 años desapareció al norte de la ciudad de Morelia el 11 de abril de 2011. La familia interpuso la denuncia y al día siguiente dos camionetas con hombres encapuchados y con armas largas la amenazaron. Afuera de su casa “han estado dos motocicletas con hombres armados”.

 

No sólo los familiares de estos jóvenes han sido amenazados. Las hermanas Paredes ya recibieron un mensaje de muerte. Janahuy Paredes dice que el pasado 2 de noviembre, en el local de Hasta encontrarlos, un desconocido les dejó “una ofrenda de día de muertos con las fotos de dos activistas muertas”. Ellas también están vulnerables.

El cuarto vacío

Todas las noches la madre de Pedro reza una novena por su hijo. “Le pido a Dios por él, que me lo cuide”. Durante el día también ora por él. En su cocina tiene un altar de Jesucristo, El Justo Juez, acompañado de una virgen de Guadalupe de cerámica que el adolescente le regaló. Ahí tiene la foto del joven posando frente a un escudo de los Monarcas de Morelia, su equipo favorito.

A veces doña María Elena Barajas se levanta a media noche y abre la puerta de la recámara de Pedro para ver si de casualidad está durmiendo en su cama. Sólo está el ropero, la motoneta, la cama vacía. “Hay veces que me quedo nada más viendo”.

Antes el hijo menor dormía en el cuarto con su hermano. Ahora ya no quiere dormir solo. Por las noches jala su colchón para acomodarse en cualquier otro cuarto. 

 

Al final de la entrevista, la señora pide entre lágrimas a El Universal que tome un recado para su hijo: “te estamos esperando, nos haces mucha falta, regresa”. Y para los victimarios: “yo no nada más pido por mi, pido por todos, quítennos este dolor regresándonos a nuestros familiares”.