al inicio del sexenio de Felipe Calderón
Durante los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón hemos presenciado una amplia participación de las fuerzas armadas en las políticas de seguridad pública. El informe realizado por el Centro Prodh se propone indagar si esta participación se ajusta a las exigencias de un estado democrático de derecho.
Después de la Revolución, el devenir del ejército quedó marcado por el pacto que permitió el arribo de los civiles al gobierno, y que suponía la subordinación legal y simbólica de las fuerzas armadas al poder priista a cambio de un amplio espacio de autodeterminación y opacidad.
Sin embargo esta relación enfrentó un primer quiebre a partir de 1968, cuando la represión del movimiento estudiantil abrió la senda que llevaría al empleo del ejército para reprimir a la disidencia política.
En 1976, la Operación Cóndor fue el marco en el que por primera vez el ejército asumió labores de investigación, persecución y prevención de delitos relacionados con el narcotráfico. Este involucramiento de militares continuó en la década de los ochenta a través del Plan Canador. Sin embargo fue hasta el gobierno de Carlos Salinas cuando se oficializó la participación castrense en tareas de seguridad pública, al ser definido el narcotráfico como un problema de seguridad nacional cuyo combate incumbía al ejército. La presencia militar en la vida pública continuó siendo ostensible tanto en tareas de seguridad pública como en labores de contrainsurgencia relacionadas con la insurrección zapatista en Chiapas.
Durante el gobierno de Ernesto Zedillo la creación de la Policía Federal Preventiva, cuyo mando fue asumido por un militar en activo e incorporó a más de cinco mil elementos castrenes, constituyó un avance en la legitimación de las nuevas funciones asumidas por el ejército.
La administración de Vicente Fox, pese a las iniciales expectativas de democratización, reafirmó la tendencia de gobiernos anteriores. Y Felipe Calderón ha profundizado esta orientación, en el contexto de búsqueda de legitimidad tras las elecciones de 2006, cediendo amplios espacios al poder militar a cambio de la participación de efectivos castrenses en tareas de seguridad pública, principalmente las vinculadas a contener el tráfico de drogas.
Algunas expresiones de esta tendencia son: la realización de operativos conjuntos en zonas con fuerte actividad de producción, tráfico o distribución de drogas; el aumento salarial a oficiales de alta y media jerarquía, y la creación de un cuerpo especial denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, grupo de élite bajo las órdenes directas del ejecutivo federal.
Esta presencia activa del ejército en tareas civiles conlleva riesgos preocupantes y consecuencias nocivas. Una de éstas es la desaparición del control civil sobre las fuerzas armadas. Y sin controles civiles, una de las consecuencias más preocupantes ha sido la verificación de graves violaciones a derechos humanos.
En un esfuerzo preliminar para generar datos sistematizados sobre estas violaciones nos dimos a la tarea de analizar los abusos reportados por los medios nacionales desde enero de 2007 hasta diciembre de 2008.
acá el informe completo
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