Asesinan a Marisela Escobedo Ortiz, defensora de los derechos de las mujeres de Ciudad Juárez, mientras exigía pacíficamente que se cumpliera la sentencia en contra del asesino de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo
Difusión Cencos México D.F., 17 de diciembre de 2010
Pronunciamiento de Organizaciones Sociales de Dereéchos Humanos Nacionales e Internacionales
Ayer, 16 de diciembre de 2010, un grupo de hombres llegó a la plaza principal de la ciudad de Chihuahua, y se acercó a Marisela Escobedo Ortiz, quien desde hacía 8 días se manifestaba pacíficamente, exigiendo la actuación de las autoridades para detener al asesino de su hija Rubí. Ella corrió buscando refugio al Palacio de Gobierno, a sus puertas, uno de los hombres le disparó a la cabeza y la asesinó.
La causa de este asesinato, es la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que el Estado mexicano ha sostenido en las últimas dos décadas en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Durante los últimos 27 meses la actividad central de Marisela fue exigir justicia por el asesinato de su hija, denunciar a las autoridades cómplices y negligentes del feminicidio, y demandar al sistema de justicia para que efectivamente garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
El 28 de agosto de 2008, ante el asesinato de su hija Rubí, Marisela comenzó los trámites correspondientes para su denuncia y para que las autoridades actuaran conforme a derecho, pues se tenía claras sospechas de quien podía haber sido el asesino.
Rubí Marisol, de 19 años, fue asesinada en Ciudad Juárez por su pareja, Sergio Rafael Barraza, con quien tenía una hija. Barraza Bocanega ejerció violencia desde el inicio de la relación, misma que incrementó hasta que la asesinó, quemó y tiró en un basurero clandestino y cementerio de cerdos. Huyó al estado deZacatecas, confiado en que después de un tiempo su crimen quedaría impune, como los cientos de otros asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Su crimen no fue investigado, posteriormente fue absuelto por los tribunales y finalmente, ya que se había dado a la fuga, encontrado culpable mediante un juicio de casación.
Ante las graves irregularidades y omisiones de las autoridades en las investigaciones ministeriales, Marisela tuvo la tenacidad de buscar, siempre dentro del marco de la ley, las pruebas de los hechos. Sergio Rafael Barraza, personalmente y ante ella, ubicó el lugar exacto donde había depositado a su víctima, confesó su crimen y pidió perdón en la audiencia de juicio oral que se realizó. Sin embargo, el 29 de abril de 2010, las y los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib Jurado decidieron absolverlo.
El hecho estremeció a Ciudad Juárez y a Chihuahua. Las familias de las víctimas y las organizaciones civiles locales, acompañadas por organizaciones e instancias nacionales e internacionales, desde 1993 han documentado el feminicidio, denunciado la negligencia y complicidad de las autoridades y han realizado un trabajo constante de propuestas y acciones para que las instituciones del Estado actúen de acuerdo a sus obligaciones con la ciudadanía. Justo unos meses antes se había tenido un logro importante en ese sentido. En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. El Estado mexicano había argumentado en el juicio interamericano que el nuevo sistema de justicia en Chihuahua ya no repetía la impunidad de las décadas anteriores. El asesinato de Rubí y la impunidad ante la contundencia de las pruebas, hizo evidente que la situación en Ciudad Juárez y Chihuahua era peor que en cualquier año anterior.
Durante este año 2010, cada 24 horas una mujer ha sido asesinada en el estado de Chihuahua por razones principalmente vinculadas al hecho de ser mujer. Una cifra sin precedentes en la que la gran mayoría de los casos está en total impunidad.
La Corte Interamericana también reconoció que existe un hostigamiento y agresión sistemática contra las familias y defensoras que exigen justicia por estos casos, y condenó a México por no garantizar su protección, dejar los hechos en la impunidad y por no reparar los daños.
Marisela Escobedo Ortiz, exigió justicia siempre de una manera pacífica. Utilizó sus propios recursos, económicos y vitales, para realizar el trabajo que las autoridades no cumplían. Realizó todas las investigaciones para conocer la verdad y dar con el asesino de su hija. Caminó desde Ciudad Juárez a Chihuahua para que el Gobernador del estado, en ese momento José Reyes Baeza, mandatara las acciones necesarias para detener al asesino. Ante la absolución de Sergio Rafael Barraza, realizó el juicio de casación y logró que en dicha sentencia se condenaraal asesino. Sin embargo, como no se dictó arraigo él volvió a huir y desde su fuga comenzó a amenazar a Marisela. En julio de este año, ella se instaló en la Alameda Central de la Ciudad de México para exigir al Presidente, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que buscaran y detuvieran al asesino. En septiembre acudió al Encuentro Nacional Feminista que se realizó en Zacatecas y ahí pidió que las autoridades que buscaran a Barraza, pues se tenían indicios de que se encontraba en esa entidad. En noviembre de este año presentó testimonio ante la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres.
Ella afirmaba, que mientras no se detuviera al asesino de Rubí y a todos los demás asesinos de mujeres, éstos seguirían cometiendo dichos crímenes. Su conciencia de la necesidad de realizar medidas para que los hechos no se repitieran permitió que en el estado de Chihuahua, se instalara la Comisión Investigadora para el caso Rubí, con el fin de detectar los errores en el proceso y tomar medidas en el sistema judicial para que no se repitiera la impunidad. Sin embargo, todo quedó paralizado ante el cambio de gobierno estatal y municipal. Marisela protestaba ayer porque el nuevo gobernador, Cesar Duarte Jáquez, no había realizado ninguna acción respecto de su hija -y demás mujeres
desaparecidas y asesinadas- pero sí había movilizado todo el aparato de procuración de justicia para familiares de funcionarios de alto nivel del Estado.
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