Una presa en Guerrero. La Parota: la amenaza regresa y la resistencia no cesa


Xtraido de Desinformemonos

La lucha contra la construcción de la presa La Parota, en Guerrero, es de los movimientos más emblemáticos en México. “La vamos a detener”, asegura Rodolfo Chávez, integrante del CECOP.

Texto: Joana Moncau
Foto: Simona Granati

Guerrero, México. Después de casi un año de aparente calma, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) retomó la lucha contra la instalación del mega-proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, en respuesta a la amenaza de que este año lo retome la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el apoyo de los gobiernos federal y estatal.

Según el programa de la CFE, los trabajos comenzarían en julio de este año sobre el río Papagayo, para concluirse en octubre de 2016, con una inversión de casi 900 millones de dólares. El proyecto tiene prevista la inundación de 17 mil 300 hectáreas de tierras cultivables de los bienes comunales de Cacahuatepec, localidad ubicada al norte de la zona urbana de Acapulco, para generar 900 MW, con lo que desaparecerían aproximadamente 39 comunidades, 25 mil campesinos serían afectados de manera directa y más de 70 mil de forma indirecta.

Las elecciones para gobernador del estado (ocurridas el pasado 30 de enero) regresaron el tema de La Parota como promesa de campaña de los principales contendientes. Además, el Congreso de la Unión autorizó este proyecto de infraestructura para los próximos tres años. En respuesta, el CECOP convocó a la solidaridad de la población para retomar su mayor estrategia de resistencia: los plantones que impiden el paso de los trabajadores de la CFE para la construcción de la presa. Por lo pronto, y de manera indefinida, el pasado 9 de enero fue reinstalado un reten en la comunidad de Parotillas.


De acuerdo con la ley agraria, el proyecto sólo podrá ser puesto en marcha si los comuneros de Cacahuatepec están totalmente de acuerdo. Esa exigencia legal ha marcado el proceso por innumerables asambleas fraudulentas organizadas por la CFE. “Durante más de 7 años hemos detenido el proceso de construcción de la hidroeléctrica, y por lo mismo ni siquiera ha iniciado, primero gracias a la decisión de los pueblos y después por el camino que ha seguido en los tribunales, donde también se ha ganado”, explica Rodolfo Chávez Galindo, miembro del CECOP.

La acusación común a quienes se oponen a La Parota es que están en contra del progreso del estado y del país. “Los gobiernos dicen que nos oponemos al desarrollo y nosotros lo que decimos es: desarrollo ¿para quién?”. Él mismo contesta: “El proyecto La Parota está encubierto. Se presenta como si fuera de la CFE, pero quienes están detrás son grandes empresas transnacionales de origen estadunidense y español, que esperan su entrada a diversos negocios que van de la construcción hasta la generación y después la venta de energía”.

Otro cuestionamiento de los opositores es el destino de la energía que será generada. “Esa energía va para Estados Unidos y para las grandes maquiladoras que se han instalado sobretodo en los países de Centro América”. La Parota es parte de las 300 presas que están programadas en México como parte del Proyecto Mesoamericano (antiguo Plan Puebla Panamá) y “nosotros –advierte el dirigente del CECOP- no estamos dispuestos a entregar nuestras tierras ni nuestra agua a ese proyecto”.

Chávez Galindo señala que “es mentira lo que dicen los grandes gobiernos de que la energía hidroeléctrica es una energía limpia. No es energía limpia porque inundan millones de árboles y desplazan a comunidades enteras”, concluye.

La resistencia a La Parota

La CFE comenzó a impulsar el proyecto de La Parota desde 1976 en las aguas del río Papagayo y del río Omitlán. En 2002 comenzaron estudios topográficos e introductorios de maquinaria en el lugar. Durante meses la CFE trabajó en los bienes comunales de Cacahuatepec abriendo terreno para la construcción de la presa, sin permiso legal alguno y sin decir nada a nadie de la región.

“Los problemas empezaron cuando entraron a las tierras de los compañeros. Empezaron a tirar árboles frutales, a tirar cerco, a destruir sembradíos de maíz”, cuenta Rodolfo. Y fue cuando que decidieron organizarse. En ese entonces, 2003, eran únicamente tres pueblos.

“Una madrugada empezaron a bajar los compañeros de los cerros hasta un determinado lugar ya acordado para tapar el camino. Así se detuvo a los trabajadores, a las camionetas, a los ingenieros que trabajaban para la CFE”, rememora Chávez Galindo. Hasta ese momento se les explicó que se trataba de un proyecto de presa del gobierno federal. “¡El proyecto es del gobierno, pero la tierra es nuestra, que saquen la maquinaria!”, les dijeron. Y el resultado fue que sacaron la maquinaria y no volvieran a entrar.

En esos primeros años permanentemente intentaron pasar. “Cuando trataban de entrar por un nuevo camino, se organizaba un nuevo plantón”. El movimiento creció, casi 40 pueblos se adhirieron a la lucha y se organizaron seis plantones durante más de siete años en los que se detuvo la construcción. “Principalmente las mujeres y las señoras de las comunidades estaban día y noche guardando los lugares para que no se pasaran los trabajadores. Se tomó la decisión de dar la vida por la tierra, de dar la vida por el agua”, señala Rodolfo Chávez.


Las asambleas amañadas

Con la fuerza del movimiento, la CFE se vio obligada a hacer una consulta pública sobre la Manifestación de Impacto Ambiental. Las consultas resultaron tentativas fraudulentas del gobierno que tuvieron como destino el fracaso. Tan sólo en el 2005 el gobierno orquestó cuatro asambleas que fueron declaradas nulas en los Tribunales Agrarios debido a la irregularidad de las convocatorias, la obstrucción de la libre concurrencia a la asamblea y la falta de información, todo con el objetivo de manipular las asambleas para obtener las deseadas anuencias.

Ejemplo emblemático de estas irregularidades fue la asamblea realizada en el ejido El Campanario, en agosto de 2005. Rodolfo explica la estrategia de la CFE: “Ellos quisieron demostrar que ya tenían la anuencia de la gente y llevaron a muchos que viven en la ciudad para votar en lugar de los campesinos”. Los verdaderos campesinos decidieron asistir a pesar de todos los retenes policiacos que había en el camino para impedirles el paso. Cuando llegaron había cientos de policías en el lugar, pero como ellos eran muchos decidieron entrar. “El enfrentamiento con la policía –relata el entrevistado- quedó plasmado en las cámaras de los reporteros de todo el mundo que el gobierno había invitado. Y ahí cambio la correlación de fuerzas, pues quedó claro que la represión iba ser la base para construir la presa La Parota”.

Rodolfo Chávez recuerda otra ocasión en que el CECOP ganó el juicio contra la asamblea realizada a finales de 2005 en el ejido Dos Arroyos: “Los policías entraron al ejido, invadieran las casas, lanzaron gases lacrimógenos, se murieron las gallinas y los puercos y a los niños chiquitos les provocó daños”.

El problema grave a las comunidades de la región, insiste el integrante del CECOP, es que “rompieron el tejido social en algunos lugares, lograron el choque de pueblos contra pueblos. Hemos tenido cuatro muertos por problemas intercomunitarios y 11 de nosotros han estado en la cárcel. Todo esto al gobierno no le importa”.

Después de haber ganado los juicios frente a tantos fraudes se trató de reponer el procedimiento de las asambleas. Por primera vez surgió una asamblea conjunta de la CFE y de los campesinos organizados, que se realizó el 12 de agosto de 2007. “Esa fue la única vez que permitimos a la CFE que entrara en el territorio”, cuenta Rodolfo. En esa ocasión la CFE y los expertos convocados por la CECOP expusieron sus argumentos. “La CFE no había hecho un estudio de Manifestación de Impacto Ambiental serio. No hay hasta la fecha un estudio serio sobre sismicidad ni sobre el impacto de la presa en la salud de la gente que vive cerca, no hay estudios sobre muchas cosas”, explica. “Después de las exposiciones de las partes todos los cinco mil campesinos que ahí estaban votaron por el “No a la Parota”.



Esa fue la única asamblea considerada legal por el CECOP porque “fue convocada legalmente y se entregó el acta de la asamblea a la Procuraduría Agraria. Pero, claro, esta instancia dijo que no era legal”, lamenta el comunero y la estrategia de las asambleas manipuladas no ha cesado.

Ahora, en el 2011, el proyecto ha sido retomado por la CFE apoyada por el gobierno, que insisten en reactivar un conflicto que los comuneros ya consideran resuelto por la asamblea de 2007. “Aunque demostremos que tenemos la razón, aunque contemos con estudios alternativos y amparos ganados, al gobierno no le importa y sigue adelante. La fuerza de los pueblos es lo único que lo detiene. Y lo vamos detener”, asegura Rodolfo Chávez.

0 comentarios: