México D.F., 3 de abril de 2011.- Hace casi un año el Gobierno del Distrito Federal llevó a La Malinche, las notificaciones de expropiación vinculadas con una obra de supuesto interés general: la Supervía poniente de paga.
El proceso en torno a este proyecto carretero ha sido opaco y está plagado de irregularidades e ilegalidades, como ha quedado demostrado en la Recomendación 1/2011 que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el 20 de enero de este año.
Ahi, se evidencian que han sido violados los derechos, no sólo de quienes habitan en La Malinche o quienes integramos el Frente Amplio contra la Supervia, sino de todos los habitantes del Distrito Federal. Como ciudadanos responsables, en el uso de nuestros derechos y convencidos de que el respeto a la legalidad y las instituciones es el único camino, nos hemos amparado y hemos recurrido a los tribunales. Hemos reunido además documentos, pruebas y opiniones de diversos especialistas que confluyen en el mismo dicho: la Supervía poniente no es una obra de interés general.
Es de paga, no está demostrado que resuelva los problemas de movilidad del Sur Poniente, atenta contra los suelos de conservación de la Ciudad, no sólo por la obra en sí, sino por la urbanización que traería consigo y pone en riesgo las finanzas públicas, a través del Título de Concesión firmado por el GDF en favor de las empresas COPRI, OHL y Atco.
Es una obra sumamente onerosa: $4,800 millones de pesos por apenas 5.4 kilómetros. El presupuesto se ha fijado sin que se tenga un proyecto ejecutivo que permita determinar los costos. Peor aún, en esas condiciones tan irregulares, se estableció la posibilidad de rescate carretero en una cláusula de este mismo Título de Concesión.
El Jefe de Gobierno no escucha a nadie y opta por la represión. Ha hecho caso omiso de la Recomendación de la CDHDF. Falta a la verdad cuando dice que cumplirá con la consulta pública, cuando lo que propone es una consulta plebiscitaria a modo, sin que se valoren previamente distintas alternativas sustentables en el Sur Poniente de la Ciudad de México a partir de un diagnóstico sobre necesidades de movilidad de las personas, tal como lo establece la Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del D.F.
El Jefe de Gobierno no atiende a quienes desde la Academia y las dependencias públicas le han hecho ver los riesgos e ilegalidades del proceso. Tampoco escucha al conjunto de más de 100 intelectuales y artistas a quienes ni siquiera responde directamente, sino a través del Subsecretario de gobierno, mostrando así el mismo desprecio al llamado de más de 100 organizaciones de derechos humanos y ambientalistas, quienes afirman que con la Supervía se incumple la Carta de Derecho a la Ciudad y el Programa de Derechos Humanos del D.F.
La posición del Jefe de Gobierno se refleja en las recientes declaraciones: “Esta obra no puede estar a contentillo de 20 personas o de 30, de las que fueran.” Ante esta afirmación cualquier consulta pública se convierte en un ejercicio sin sentido. Parece decir el Jefe de Gobierno “La Ciudad, soy yo”. Vemos a un Gobierno que concibe a la Ciudad como un negocio y a la ciudadanía a la que hay que exprimirle hasta la última gota, como lo demuestran los cobros excesivos de agua y prediales a los que nos hemos visto sometidos.
No conoce la Ciudad en sus raíces ni tiene contacto real con la ciudadanía; los programas sociales suelen servirle como medio de presión para acarrear a la gente y obligarla a manifestarse aún en contra de sus intereses legítimos, con tal de no perder lo que por ley les corresponde, lo que pagamos entre todos con nuestros impuestos.
Así, la Ciudad se cae a pedazos por falta de mantenimiento y parece zona minada por las nuevas obras que se hacen por doquier sin planeación alguna. Por todos los rumbos, surgen movimientos sociales que protestan por el abuso con que se comporta el Gobierno y porque su mirada está puesta en la empresa privada, no en la ciudadanía.
Desconocimiento, desamor, autoritarismo e incluso ineficiencia, van siendo norma de la actuación de Jefe de Gobierno y de muchos de sus funcionarios; también de la mayor parte de los Jefes Delegacionales, cuyas gestiones están marcadas por la corrupción.
Quienes hemos impulsado el movimiento contra la Supervía, estamos convencidos --al igual que organizaciones, académicos, intelectuales, artistas y otros movimientos sociales-- que así no se debe gobernar.
Es urgente que el Distrito Federal sea gobernado por un hombre o por una mujer cuya meta final no sea buscar la candidatura a la Presidencia de la República, cuando hay evidencias de que no han sabido cumplir con su mandato ni siquiera en lo local. Se requieren personas que conozcan las entrañas de la Ciudad, que sientan amor por ella, que tengan aquí sus raíces.
Es indispensable que nuestros gobernantes entiendan que los mantenemos con nuestros impuestos, que cuando son elegidos deben cumplir un mandato que es gobernar para nosotros y proteger nuestro patrimonio individual y colectivo. Este patrimonio abarca las raíces culturales, el medio ambiente, las instituciones, los espacios y edificios públicos, los derechos de vía. Está por encima de intereses mezquinos.
Tampoco queremos sostener ya a un conjunto de legisladores que, salvo honrosas excepciones, privilegian “negociaciones” en su favor. Para quienes los ciudadanos somos tan solo una moneda de cambio, un factor de presión para obtener más en su beneficio personal.
Queremos un Poder Judicial que actúe con amplitud de miras y privilegie el cumplimiento de la ley, que nos se deje presionar o de plano cooptar por el Poder Ejecutivo o por las empresas.
Buscamos instituciones que garanticen la protección de las y los ciudadanos, y que como ha sido el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cumplan con los propósitos para los que fueron creadas. Entendemos que hay que resolver los problemas, pero consideramos que las obras públicas deben hacerse de manera transparente, respetando la ley, con base en una planeación que cumpla los estándares internacionales y preservando el medio ambiente.
Somos muchos los que alzamos la voz para exigir un cambio verdadero. Hacemos un llamado a la ciudadanía a organizarse para impedir que esta Ciudad siga siendo un botín.
A dejar un lado la apatía y el “no se puede”, a templar los ánimos para que la justificada indignación no se convierta en violencia.
Queremos un espacio donde se respete la vida, a las personas y al medio natural y cultural que las rodea, donde se cumpla la ley.
Una Ciudad que garantice el futuro de nuestros hijos y nietos. Una Ciudad en la que se viva con dignidad. Lograrlo está en nuestras manos.
Frente Amplio contra la Supervía Poniente de Cuota
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