La Guerra contra las drogas de Felipe Calderón se ha convertido en un gran mercado para el comercio de armas estadounidense
Por Bill Conroy
Especial para The Narco News Bulletin
14 de abril 2011
En el año fiscal de 2009, el valor en dólares de los envíos de armas del sector privado estadounidense hacia México excedió el valor de envíos privados de armas de las otras dos regiones en conflicto en el mundo, Irak y Afganistán, e incluso superaron el valor de armas enviadas a uno de los más firmes aliados de los Estados Unidos, Israel.
Los proveedroes del sector privado estadounidense enviaron un total de $177 millones de dólares en artículos de defensa—que incluyen artículos como aeronaves militares, armas de fuego y explosivos—a México en el año fiscal de 2009, que terminó el 30 de septiembre de ese año.
En comparación, en el mismo período, las compañías privadas de armas en los Estados Unidos enviaron $40 millones de dólares en armas a Afganistán; $126 millones a Irak; y $131 millones a Israel.
De hecho, Colombia, la fuente de la mayor parte de cocaína del mundo y un importante frente de batalla en la llamada guerra contra las drogas, solamente recibió $30 millones de dolares en envíos privados de armas de los Estados Unidos en el año fiscal de 2009.
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La invasión de armas que azotó México en 2009 a través de estas exportaciones comerciales legales se multiplica aún más por las armas ilegales adicionales que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) supuestamente permitió cruzar la frontera hacia México, sin control, como parte de lo que parece ser una operación con graves deficiencias conocida como Rápido y Furioso—la cual fue lanzada en octubre de 2009.
Este doble golpe de potencia de fuego mortal vertido a México a través de estos programas autorizados por los EEUU, también coinciden con el aumento importante de la tasa de asesinatos en México durante el mismo período.
La revelación del surgimiento de México como el líder del mercado para el comercio de armas del sector privado en 2009 surge después del examen a las cifras más recientes disponibles del programa del Departamento de Estado que supervisa la venta de armas a extranjeros por empresas de los EEUU.
Dentro de ese programa, el Departamento de Estado requiere que compañías privadas en los Estados Unidos obtengan una licencia de exportación para vender hardware de defensa o servicios a clientes extranjeros—que incluye organismos gubernamentales y compradores privados en otros países. Estos negocios de armas son conocidos como Ventas Comerciales Directas (DCS, por sus siglas en inglés). Cada año, el Departamento de Estado emite un informe que contabiliza el volúmen y la cantidad en dólares de los artículos DCS aprobados para la exportación y que son enviados—el informe más reciente cubre el período fiscal de 2009.
En marzo de 2009, Narco News reportó que el arma más mortífera en manos de los grupos criminales, particularmente a lo largo de la frontera con los EEUU, por un análisis razonable de los hechos, parece llegar a México a través de las exportaciones de armas del sector privado autorizadas con programas como el DCS.
Entre 2005 y 2009, cerca de $60 mil millones en artículos de defensa de los EEUU fueron exportados globalmente por compañías privadas de ese país a través del programa DCS, de acuerdo a un informe de la Oficina de Contabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés).
Además de los $177 millones de dólares en hardware de defensa enviados por compañías privadas de los EEUU a México en el año fiscal de 2009, unos $204 millones de dólares en armas fueron enviadas a México en el año fiscal de 2008, de acuerdo a datos DCS compilados por el Departamento de Estado. En el año fiscal 2008, zonas en guerra como Irak y Afganistán eclipsaron a México en términos de envíos de armas DCS, con un total de $3.8 mil millones de dólares en conjunto, pero en términos de envíos reales de armas DCS en el año 2009, de acuerdo a los datos del Departamento de Estado, México les ha ganado a ambos—debido a que los envíos de armas del sector privado a Irak y Afganistán cayeron de forma pronunciada.
Al mismo tiempo en que cientos de millones de dólares en envíos de armas legales cruzaban la frontera a México a través del programa DCS, ATF supuestamente permitía que miles de armas adquiridas ilegalmente fueran contrabandeadas a México por organizaciones narcotraficantes rivales.
Como parte de la operación Rápido y Furioso, lanzada en octubre de 2009, alrededor de 2 mil o más armas adquiridas ilegalmente en los EEUU aparentemente habían sido ingresadas (o contrabandeadas bajo la vigilancia de ATF) a través de la frontera en un supuesto esfuerzo de la agencia estadounidense que tenía como objetivo a los capos detrás de las empresas que utilizan armas de fuego en México, según sostienen informantes de ATF.
Este flujo de armas, incluyendo rifles de asalto de alta potencia en incluso municiones de grado militar, en carrera hacia México en 2008 y 2009 a través del programa DCS y el Rápido y Furioso de ATF parece haber sido en parte, el catalizador de una enorme alza en el derramamiento de sangre relacionado con el narco en el país.
De acuerdo a un informe emitido en febrero de este año por el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, los homicidios relacionados con el narcotráfico en México pasaron de 2,826 en 2007 a 6,837 en 2008, subiendo de nuevo en 2009 a un récord de 9,614. En 2010, los homicidios se dispararon a 15,273.
Esos tres años (2008-2010) representan la mayor parte de los cerca de 40,000 homicidios relacionados con la guerra contra las drogas desde que el presidente Felipe Calderón le declarara la guerra a los “cárteles” a fines de 2006, para posteriormente incluir al ejército en esa batalla.
Los cables de WikiLeaks
Está claro que la mayoría de las armas a las que se permitió cruzar la frontera con la operación Rápido y Furioso de ATF fueron directamente a las manos de criminales, dado que esas armas fueron adquiridas como parte de conspiraciones criminales seguidas por la ATF.
Sin embargo, a pesar de que existe una grave narco corrupción al interior de la policía y Ejército Mexicano (las partes que son los usuarios finales de las armas importadas legalmente), el camino que los envíos de armas DCS siguen en el mundo criminal sigue siendo ilusorio.
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Sin embargo, el sitio denunciante WikiLeaks recientemente dio a conocer un cable del Departamento de Estado, elaborado en noviembre de 2009, que arroja luz sobre cómo parecen llevarse a cabo estas desviaciones. Pero primero, es importante entender el camino de las armas DCS enviadas a México.
Jason Greer, director de asuntos públicos de la Oficina de Asuntos político-militares del Departamento de Estado, anteriormente dijo a Narco News que “todas las licencias de armas aprobadas [por el Departamento de Estado] para su reventa comercial en México son exportadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en México.”
Greer agregó:
La SEDENA es la autoridad de importación de armas de fuego y también es responsable de la concesión de licencias a los distribuidores mexicanos de armas de fuego. Tras la recepción de las armas, la SEDENA transfiere las armas al usuario final autorizado en la licencia de exportación [emitida por el Departamento de Estado].
Por supuesto que la Secretaría de la Defensa Nacional supervisa a los militares mexicanos. De hecho, una lectura de la ley de armas de fuego revela que la SEDENA tiene el monopolio de aprobar y supervisar todas las licencias, ventas, transporte y almacenamiento de armas y municiones en México, ya sea para el sector privado u otras unidades gubernamentales—incluyendo unidades policiales municipales, estatales y federales.
Así que si eres un narcotraficante inteligente, y lo son, podría ser útil esparcir algo de dinero e influencia alrededor de la Secretaría de la Defensa Nacional, o tener a tu propia gente dentro de las organizaciones que son los últimos recipientes de las armas (como las fuerzas de seguridad locales, estatales y federales) para asegurar el desvío necesario de armas a tu causa.
Y es el último escenario lo que revela el cable publicado por WikiLeaks a inicio de mes. Esencialmente, el cable establece empleados gubernamentales estatales, como la policía—muchos de los cuales están en la nómina de organizaciones narcotraficantes—como el eslabón débil en la cadena DCS.
A continuación los pasajes clave del cable, elaborado el 30 de noviembre de 2009, que revela que el último destino de un arma de asalto hallada en una escena del crimen—uno de un lote de más de mil rifles enviados mediante el programa DCS—fue el “gobierno” en el estado de Michoacán.
Los coordinadores de la linterna azul [que están a cargo de monitorear los envíos de armas DCS] pidieron que Poloff [funcionario político] investigara las circunstancia que rodean la recuperación de rifle AR-15 con licencia de los EEUU de una escena criminal mexicana y justifique la cadena de custodia desde el proveedor al usuario final. La rama de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR CENAPI) utilizó el rastreo para determinar que el último punto de venta legal fue Bushmaster International, LLC. [fabricante de armas con sede en los EEUU]. Al darse cuenta que el arma recuperada era parte de una venta con licencia del gobierno de los EEUU, Bushmaster lo notificó al Departamento de Estado.... Esta investigación registró la cadena de custodia del arma a través de las siguientes entidades: proveedor de los EEUU, el representante del fabricante en México, corredor de la aduana mexicana, Ejército Mexicano, gobierno estatal de Michoacán.
... Sobre la base de esto y otros casos similares, [énfasis añadido] no es evidente que los funcionarios de gobierno del estado apliquen estrictas medidas para trazar la cadena de custodia de armas una vez que la SEDENA transfiere su custodia a la de los funcionarios estatales. Dada la falta de rendición de cuentas de armas que llegan al nivel estatal, las agencias gubernamentales estadounidenses tienen motivos justos para preocuparse del número de armas que simplemente “desaparecen.”
... El puesto considera que tanto el gobierno de los EEUU como el de México necesitan adoptar un enfoque más sistemático para el seguimiento de las transferencias de armas al nivel estatal y hasta el usuario final. Apoyamos la propuesta del coordinador de Linterna Azul que su oficina, de acuerdo a la región, lia con los casos de armas de fuego recuperadas de escenas del crimen. La misión México de ICE y ATF acercará a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Procuraduría General de la República una lista de los números de serie de armas confiscadas que han sido transferidas a autoridades estatales para solicitar una explicación completa sobre cómo estas armas terminaron en manos criminales…
Y sin embargo, otro caso de envíos de armas DCS bajo el escrutinio de investigadores del Departamento de Estado es revelado en un conjunto separado de cables de la Embajada de los EEUU hecho público por WikiLeaks.
En uno de esos cables, publicado el 4 de abril, la oficina del Cumplimiento de Control de Comercio de Defensa del Departamento de Estado ordena una revisión de un envío de rifles y municiones de “calibre significativamente alto” que había sido dirigido a “la guardia presidencial, o Estado Mayor Presidencial.” [el subrayado es mío]
El cable señala que el Estado Mayor “nunca había sido parte de una exportación con licencia estadounidense de armas de fuego o municiones.”
“Esta revisión es para confirmar la recepción de estos artículos de defensa y para verificar la seguridad de los artículos,” señala el cable.
El resultado final de esa revisión no se conoce, debido a que hasta ahora WikiLeaks no ha puesto a disposición cables que le den seguimiento.
Sin embargo, otro cable del Departamento de Estado publicado por WikiLeaks el 21 de febrero de este año señala que “un mayor de nivel medio del Ejército Mexicano fue detenido a fines de diciembre de 2008 por ayudar a narcotraficantes y proporcionarles información limitada sobre actividades y planes de viaje del presidente Felipe Calderón.”
Ese mayor del Ejército Mexicano, de acuerdo al cable del Departamento de Estado, había estado “asignado al Estado Mayor… la unidad responsable de proteger al presidente mexicano, para asegurar la periferia alrededor de la ubicación del presidente”—y la misma unidad que adquirió municiones de alto calibre a través del programa DCS.
Narco News inquirió a funcionarios de distintos think tanks en Washington DC, que son expertos en comercio de armas o crimen organizado en México, para obtener su lectura sobre las desviaciones de armas en México.
A Andrew Selee, director del Instituto Wilson México, se le preguntó si creía que la desviación de ventas de armas con licencia estadounidense a elementos criminales en México es un problema importante.
Su respuesta: “Es un punto intrigante.”
Matt Schroeder, director de la Federación de Científicos Estadounidenses del Proyecto de Monitoreo de ventas de armas, respondió a la misma pregunta diciendo:
No conozco reportes específicos de desviaciones de armas de fuego u otras armas vendidas con licencias DCS, pero tampoco he llevado investigación específica en ese tema.
Cuando se le pidió que comentara sobre la evidencia contenida en los cables del Departamento de Estado publicados por WikiLeaks, Schroeder dijo que el Proyecto de Monitoreo de Ventas de Armas “no publica, cita o comenta sobre los cables de WikiLeaks.”
Permanezcan en sintonía…
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