El pasado 22 de mayo, alrededor de las 5 de la mañana, cuando sacaba de su casa el taxi con el que trabajaba, Luis Miguel Ipiña Doña, refugiado vasco naturalizado mexicano desde hace 26 años, fue detenido por cuatro agentes de la Policía Federal Ministerial (conocida como Agencia Federal de Investigación). El hecho ocurrió en la colonia El Gallito, municipio de Ecatepec, estado de México. Esposado, fue subido a una camioneta con logotipo de la AFI, mientras de otros vehículos sin balizar descendían más elementos federales. Según informó el abogado Leonel Rivero, tras la captura, sin mostrar orden judicial, los agentes penetraron en el domicilio del detenido y durante más de una hora realizaron un cateo. En el procedimiento incautaron una computadora y diversos documentos, y sembraron un fusil calibre 7.62 por 39mm y cinco cartuchos, los cuales no fueron puestos a disposición del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Acusado del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea nacionales, Ipiña está preso en el penal de Chiconautla, en el marco de una trama que, una vez más, pretende criminalizar a la comunidad vasca en México. De acuerdo con la defensa, la SIEDO, que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), valiéndose de informes de los servicios de inteligencia brindados por Plataforma México, entre ellos la llamada ficha roja de Interpol y un informe remitido por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) –lo que está vedado por la ley–, ha tergiversado y fabricado pruebas de manera facciosa y discrecional.
Según se deduce del expediente, la pista para llegar a Ipiña derivó de la detención y expulsión del ciudadano vasco Juan Carlos Recarte por el Instituto Nacional de Migración, el 29 de noviembre de 2010. Tras la entrega de Recarte al reino de España, la PGR, a través de la UEITA, ejecutó en febrero de este año (¡dos meses después!) una orden de cateo en su domicilio, incautando, presuntamente, diverso material informático (nueve memorias, dos discos compactos y un USB). A partir de ese material, y con información de inteligencia proporcionada por el CISEN y la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), la PGR viene llevando a cabo una investigación por terrorismo internacional, terrorismo y delincuencia organizada, que pretende involucrar a diversas personas con una vida pública muy conocida, así como a ciudadanos vascos naturalizados mexicanos y nacionales del campo de la solidaridad política, entre ellos simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Como en la fábula envenenada de las computadoras del comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes –asesinado con otras 24 personas en un campamento en el Sucumbíos ecuatoriano–, de donde las autoridades colombianas dijeron haber obtenido material magnético y correos que sirvieron para criminalizar a varias personas (incluida la ex senadora Piedad Córdoba), pero que carecen de valor probatorio según la Corte Suprema de Justicia colombiana, la PGR dice haber extraído documentos de los discos duros de Recarte, entre ellos, relaciones de cuentas de la Casa Vasca y otros materiales sin relevancia alguna.
Sin embargo, existiría un correo electrónico supuestamente enviado de la Casa Vasca a L.M. Ipiña a nombre del señor Blasco, donde se dice que ya está el encargo y se adjuntan fotografías de varias armas de fuego. El colmo: ¡traficantes de armas subversivos por Internet! Según la defensa, ese correo apócrifo, más la manipulación de información de inteligencia proporcionada por el CISEN y la SSPF, que habría sido utilizada para obtener órdenes de cateos ilegales, estarían sirviendo para reproducir en México la experiencia colombiana. En el montaje, la PGR pretende relacionar a Ipiña con la Diáspora Vasca Xavier Mina y a ésta con la organización armada Euskadi Ta Askatasuna (ETA, País Vasco y Libertad, en euskera).
La Diáspora Vasca Xavier Mina es una asociación pública que ha venido realizando jornadas en favor de la autodeterminación de Euskal Herria en el Club de Periodistas de la Ciudad de México. No tiene ni ha tenido ningún tipo de relación estructural o de otra índole con ETA. Es más: el último documento promovido por la asociación ha sido el Acuerdo de Guernica, donde numerosas organizaciones de la izquierda abertzale (nacionalista) y personalidades del mundo solicitan el alto al fuego a ETA y el fin de la lucha armada.
No deja de llamar la atención que la averiguación previa por terrorismo internacional, terrorismo y delincuencia organizada promovida por los sabuesos de la SIEDO/UEITA se dan en un espacio temporal (julio de 2010 al presente) signado por el cese de las acciones armadas ofensivas de ETA y su compromiso con la Declaración de Bruselas (suscrita por cuatro premios Nobel de la Paz y 19 personalidades), que pide un alto al fuego permanente y verificable, y el ascenso de la lucha de masas en el País Vasco, que el 22 de mayo pasado culminó con la victoria político-electoral de la coalición Bildu (unir o reunión), la cual, tras superar una ofensiva judicial, mediática y política (PSOE/PP) criminalizadora, con listas descontaminadas (60 mil vascos están fichados por la policía) y en sólo dos semanas de campaña, obtuvo el mayor número de concejales (mil 138), constituyéndose en el mayor poder municipal de Euskadi.
En ese contexto, ¿qué pretende la PGR con la clonación de la fantasmal computadora de Reyes, la detención ilegal de Ipiña y los seguimientos y monitoreo de miembros de la comunidad vasca? ¿Apunta a encuadrar a miembros de la colonia vasca con recursos en una inexistente estructura económica-logística de ETA? ¿Con qué fin? ¿Para entorpecer el tránsito de ETA a la vía política y el fin de la violencia? ¿Para golpear a Bildu con fines desestabilizadores por encargo del Estado español?
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