Guadalajara • Hace unos minutos (cerca de las 18:00 horas) fue
detenida por dos policías investigadores del estado de Jalisco la
integrante de la comunidad indígena coca de Mezcala, Rocío Moreno, la
cual se presentó afuera de las instalaciones de este diario, pues había
recibido una llamada telefónica en que supuestamente se le citaba para
algún asunto relacionado con una publicación sobre las quejas de los
comuneros contra los invasores de sus territorio originales.
La comunera y activista iba en compañía de familiares y se mostró
sorprendida porque aparentemente le tendieron “una trampa”, pues recibió
una llamada del teléfono (33) 1151 8180, en que se le citaba en Milenio
Jalisco, pero ningún miembro del personal de este diario la había
citado. Cuando se le preguntó a los agentes de la policía investigadora
porqué habían utilizado el nombre del periódico para lograr una orden de
aprehensión, estos se limitaron a señalar que no podían revelar cuáles
son sus métodos de investigación.
El papel de la aprehensión, una copia fotostática con membrete de
la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco, señala que lo
emitió el juez del fuero común de Ocotlán, y enlista a más de una
docena de comuneros como sujetos de aprehensión en una causa penal que
se lleva en el juzgado de esa ciudad de la ribera norte del lago de
Chapala.
Rocío Moreno, sorprendida, preguntó en varias ocasiones si de
verdad se le pretendía aprehender. Los agentes le señalaron, de forma
comedida, que tenían que llevarla detenida a las oficinas de la PGJE en
la zona Industrial, de donde en unas horas más sería remitida al juzgado
de Ocotlán.
No es claro el motivo de la detención, pero la comunera señaló
que han demandado a un empresario, Guillermo Moreno Ibarra, ante la
Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional del Agua y la
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente de Jalisco, pues
lo acusaron de invadir el cerro de El Pandillo. Esto, por las agresiones
y amenazas con armas de fuego contra la comunidad, así como por la tala
de árboles en territorio comunal, la construcción de una represa y el
desvió del agua de los arroyos que utilizan para sus actividades
agrícolas y ganaderas.
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