No hay crimen si no hay ley: Encarcelar twitteros, el oscurantismo más autoritario imaginable

 La madre de Gilberto; Ana Vera, entre el senador Castellón 
y la abosgada Claribel Guevara. Foto: Javier Hernández.

Legislar al vapor y acusarlos retroactivamente, aberración jurídica
Piden retirar cargos y liberarlos
Va contra  libertad de expresión, los acusan de algo que no hicieron
Cuando subieron el primer twitt, el pánico llevaba horas
De las escuelas pedían por teléfono a padres ir por sus hijos
Policías y protección civil desalojaron escuelas
Penalizar la “perturbación del orden público”, salida desesperada
A nivel nacional e internacional quedó muy mal gobierno de Veracruz


Javier Hernández Alpízar / Zapateando.– Tras un frustrado intento de visitar a los twitteros detenidos en Pacho Viejo, penal al cual no los dejaron pasar, excepto a la abogada, los defensores jurídicos, de derechos humanos, usuarios de redes sociales y un senador nayarita del PRD dieron una rueda de prensa para pedir la libertad de Maruchi Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera porque, argumentaron, está demostrado que no causaron el pánico de que se les acusa, que no cometieron delito alguno, e incluso es erróneo que el gobierno de Veracruz quiera legislar al vapor un nuevo delito para aplicárselos retroactivamente, aseguraron.

Piden retirar cargos y liberarlos

Algunos legisladores están solicitando un punto de acuerdo del Senado de la República le pedirán para pedir al gobierno de Javier Duarte que “retire los cargos equiparados a terrorismo y ponga a consideración de los ciudadanos sistemas de información creíbles que permitan enfrentar la violencia que se vive en el estado de Veracruz.” Es ya una exigencia nacional e internacional, “porque es contra la libertad de expresión y culpar a la gente de algo que evidentemente no provocaron”. Uno de los twitteros mencionó que Freedom on the net ha puesto a México, por este caso, al lado de Irak, Pakistán y China en represión a libertad en la red.

Para las redes sociales, “no solamente en México sino en el mundo –dijo el senador Francisco Javier Castellón–, esta situación es inaudita. La acusación que el Ministerio Público y el gobierno del estado hicieron a dos usuarios de las redes sociales de que la situación de pánico que presentó el puerto de Veracruz el 5 de agosto fue provocada por ellos y por haber puesto en riesgo a la población. La acusación de terrorismo equiparado que se les hace es una acusación desproporcionada, absoluta y totalmente fuera de todo contexto, y aceptarla, en términos jurídicos y sociales, representa un claro precedente y antecedente del oscurantismo más autoritario que podamos imaginar ver en nuestro país y en el mundo.”

A nivel nacional e internacional quedó muy mal gobierno de Veracruz

Es una actuación “equivocada del gobierno del estado de Veracruz haber acusado a dos personas de una situación caótica que ellos no generaron, sino que fue generada por la situación de violencia que desafortunadamente vive el estado y viven muchos estados regiones del país.” El caso “deja muy mal al estado y al gobierno de Veracruz. Hemos conocido las noticias a nivel internacional en la prensa y sucede que, gracias al gobierno del estado de Veracruz, prensa y medios a nivel mundial se han dado cuenta que hay ciudadanos acusados de terroristas en Veracruz. No es una buena propaganda para el estado.”

En la mañana estuvieron en el penal de Pacho Viejo, “tratando de encontrarnos tanto con María de Jesús como con Gilberto. Pudimos entrar, con la señora Anita Vera, madre de Gilberto Martínez, la licenciada Claribel Guevara, y hablamos con la directora del penal, Cecilia Tejeda Ortega, y ella se negó a que yo pudiera ver a los dos compañeros que están detenidos por los cargos de terrorismo equiparado –dijo el senador–, aludiendo a la reglamentación del penal, que yo debía haber pedido autorización de manera anticipada para verlos. Le dije que entendía sus razones, que ella atendía instrucciones, pero que el fuero constitucional del que estamos investidos los legisladores es precisamente para hacer esa clase de diligencias, para ser escuchados y atendidos por todas las autoridades. A pesar de eso, la directora no me permitió ver a los compañeros detenidos. Yo le dije que hacía responsable al secretario general de gobierno de Veracruz (Gerardo Buganza), de quien finalmente ella depende.”

La abogada pudo verlos, pero doña Anita no pudo ver a Gilberto, a pesar de que le pedí la consideración a la directora del penal, no pude verlo, dijo el senador. Es muy probable que en el paso por Xalapa de la caravana al sur del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, ella o algún otro familiar de los twitteros dé testimonio de este caso, considerado emblemático. A la visita en Pacho Viejo asistieron también Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, y Daniel Gershenson, del colectivo Contingente MX.

Penalizar la “perturbación del orden público”, salida desesperada

Los reporteros le comentaron al senador que el secretario general de gobierno, Buganza, declaró que presentarán una iniciativa para legislar el delito de perturbación de la paz pública o del orden público y que ellos podrían acogerse a esa ley para salir libres. “Me parece que la salida que está tomando el gobierno del estado es una salida desesperada, ante la presión que está ocurriendo no solamente en Veracruz sino a nivel nacional e internacional. Nadie puede ser afectado por la retroactividad de una ley. Lo que están pidiéndoles es que se declaran culpables de perturbar el orden público, porque parece ser que el secretario general de gobierno dijo que saldrían bajo fianza. Eso significa que, de todos modos, ellos tendrían que declararse culpables, cuando tenemos la convicción de que no existe culpabilidad de ningún tipo, lo que está haciendo el gobierno de Veracruz es que, en fast track, van a mandar la iniciativa, aprobarla en el Congreso publicarla en el periódico oficial del estado y luego hacer que los dos compañeros que están presos se declaren culpables de un delito que todavía no existía cuando supuestamente lo cometieron.”

No hay crimen si no hay ley

A pregunta de los reporteros, respondió la abogada Claribel Guevara que “ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna”. Y aclararon que si su conducta no encuadra en el delito de terrorismo, tendrían que salir libres y ya. Abundó Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y de Contingente MX –que usa las nuevas tecnologías para la defensa de los derechos humanos–: “Hay un principio fundamental en derecho penal que en latín se dice “Nullum crimen sine lege”: No hay crimen si no hay ley. No puede existir una propuesta del gobierno y después pasada por el congreso de autorizar penalizar la alteración del orden público, para que después Maruchi Bravo y Gilberto Martínez se encuadren en esta conducta, dado que en el tiempo en que supuestamente realizaron la conducta ese delito no existía. Cualquier legislación en México y en el mundo no es particular sino general. Legislar para hechos concretos es manipular las instituciones del Estado Mexicano y en este caso sería una aberración jurídica.” 

Cuando subieron el primer twitt, el pánico llevaba horas

La postura de Contingente MX es que “en los hechos del 25 de agosto hay suficiente evidencia de que el rumor en las calles del puerto de Veracruz se generó en un contexto de desinformación, donde la actividad periodística convencional está amenazada por el crimen organizado y la ineficiencia de las autoridades en brindar seguridad a todos los ciudadanos. Las condiciones estaban dadas para que las amenazas eventuales a los centros escolares estallaran en cualquier momento, ante un hecho concreto y real, que no tiene que ver con internet, el incendio de un vehículo en las cercanías de un plantel escolar.” 

El rumor inició en las calles “y sólo tardíamente, como se ha demostrado, llega a las redes sociales. Después de horas de caos, el gobierno queda al descubierto, porque no pudo responder a una eventual emergencia. Incluso hay evidencia en testimonios de que el gobierno municipal y estatal colaboraron en el desalojo de los planteles a través de la policía municipal y estatal y a través de los cuerpos de protección civil.” 

De las escuelas pedía por teléfono a padres ir por sus hijos

El impacto mayor de movilización de padres de familia “tiene que ver con las llamadas que los inspectores de zona exigieron a los directivos que hicieran desde las escuelas. Cientos de llamadas, que no tienen que ver con redes sociales ni twitter, fueron hechas desde las escuelas para que los padres recogieran a sus hijos. El primer mensaje (en twitter) de Gilberto Martínez, es de las once de la mañana cuando ya habían transcurrido e incluso el caos ya venía a menos.”

Desde el punto de vista de Contingente MX, el gobierno, “horas después, crea una teoría que apuntaba a una supuesta red de supuestos terroristas que plantearon con antelación el ataque, cosa que no ha podido ser demostrada. No se sostiene jurídicamente la acusación.” 

Desde mi punto de vista, dijo Jesús Robles Maloof (@alconsumidor), el gobierno “ha presionado al poder judicial en el estado de Veracruz para emitir esta sanción y creo, entonces, que el correcto camino, en lugar de legislar al vapor y construir adefesios jurídicos, es retirar los cargos, y la propuesta que la comunidad de personas que usan redes sociales en Veracruz hace al gobierno es que construyamos un mecanismo eficaz para avisar de los hechos de violencia, que con la comunidad de twitteras y twitteros, que algunos de ellos están aquí, como Roberto Arrucha, Román Cotera, y otros distinguidos activistas, pueda construir el gobierno un mecanismo eficaz pro activo y automoderado en redes sociales, que aprendamos todos de este caso y salgamos adelante como comunidad.” El hashtag del grupo en twitter es: #twitterxslibres

La convicción de la abogada, Claribel Guevara, es que a nivel federal les concederán el amparo y saldrán libres, sin necesidad de acogerse a leyes de aplicación retroactiva. Pero la amenaza, percibida por los reporteros, es que una nueva ley que penalice la “alteración del orden” penda sobre no solamente usuarios de redes sociales, sino periodistas, comunicadores y todas las veracruzanas y los veracruzanos.

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