Laura Castellanos
La
estrategia que comprende el despojo de territorio y agresiones
paramilitares contra comunidades zapatistas avanza en Chiapas y
presenta una nueva escalada de violencia.
En
este momento dos comunidades zapatistas, una en la Selva Lacandona y
otra en la zona montañosa del norte de Chiapas, están, cada una, a
merced de centenar y medio de paramilitares armados que invadieron
sus territorios.
El
primero es el caso del poblado Nueva Purísima, del municipio
autónomo Francisco Gómez, en la Selva Lacandona: el lunes pasado
alrededor de 150 personas armadas, algunas transportadas en
camionetas de la presidencia municipal de Ocosingo, invadieron 178
hectáreas cultivadas por zapatistas.
El
otro caso es el de la comunidad de San Patricio, del municipio
autónomo La Dignidad, en la zona montañosa del norte de Chiapas,
que denuncia que más de 150 paramilitares armados invadieron en días
pasados sus terrenos y la tienen cercada.
En
San Patricio las bases zapatistas reconocieron entre los invasores a
policías municipales y dirigentes del grupo paramilitar Paz y
Justicia. Los hombres portan armas de grueso calibre y postrados en
los caminos y en la montaña prohíben que alguien salga de la
comunidad.
Esta
situación lleva 11 días en San Patricio y se vuelve más alarmante,
pues los paramilitares disparan sus armas para impedir que la gente
se abastezca de sus cultivos o recoja leña.
Además los paramilitares
ya se apropiaron de sus cosechas y algunos animales, destruyeron los
corrales de cría de animales, quemaron 18 hectáreas de pastizales y
derribaron 200 árboles de madera fina.
En
contraste, las bases zapatistas están desarmadas, sufriendo escases
de alimento y de leña.
En Nueva Purísima y San
Patricio el estallido de violencia está latente.
¿Porqué tanta agresión
contra poblaciones desarmadas que viven de proyectos colectivos
autosustentables agrícolas y de cría de animales?
Estos
no son casos ni nuevos ni aislados. Las bases zapatistas resisten,
desde su irrupción en 1994, una estrategia contrainsurgente del
Estado que entre otras modalidades comprende la de provocar
conflictos con comunidades no zapatistas o crear grupos
paramilitares.
De
esta manera, sin involucrar directamente a las fuerzas armadas,
pueblos indígenas en pobreza extrema, con altos grados de
alcoholismo y en pugna interna por apoyos partidistas y
asistenciales, atacan a pueblos zapatistas.
El
despacho jurídico Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, P.A.
de Miami quiere exhibir la creación de esa estrategia
contrainsurgente, pues esta semana presentó, en un tribunal de
Connecticut, una demanda judicial contra el expresidente Ernesto
Zedillo por la matanza de Acteal.
Como
se sabe, la masacre la perpetró un grupo paramilitar contra una
población indígena indefensa, dejando un saldo de 45 víctimas,
entre éstas 21 mujeres y 15 infantes, en 1997.
Zedillo
vive en Connecticut y da clases en la Universidad de Yale. Hasta allá
lo alcanzó la impunidad cometida en la masacre de Acteal, pues una
ley federal del país vecino permite a extranjeros el derecho a
demandar a residentes en suelo estadounidense por delitos de lesa
humanidad.
El despacho jurídico que
representa a un puñado de sobrevivientes de Acteal buscará probar
la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 94”, según el
cual el expresidente dotó de armas a grupos indígenas locales para
que hostigaran y atacaran a poblaciones neutrales y zapatistas.
Bajo el gobierno de
Zedillo salió a la luz Paz y Justicia, el grupo paramilitar que
tiene cercado a San Patricio.
En 1997 a Paz y Justicia
se le acusó de cercar comunidades simpatizantes zapatistas del
municipio de Tila. El grupo les impidió el tránsito carretero, el
paso de comida y medicinas, y se le responsabilizó de cometer
violaciones sexuales y 46 asesinatos.
El
EZLN también ha denunciado otras modalidades de esa estrategia
contrainsurgente: despojo violento o burocrático de los terrenos
apropiados por el EZLN durante la insurrección de 1994,
proliferación de programas asistenciales a comunidades rivales,
creación de nuevos asentamientos castrenses, entre otros.
Sin embargo en los
últimos meses se han incrementado las agresiones y despojos de
otros grupos paramilitares como la Organización Regional de
Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), o de militantes del PRI, PAN y
PRD en comunidades de la Selva Lacandona, Los Altos de Chiapas y la
selva fronteriza.
El
caso de San Patricio evidencia la provocación abierta para que el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tome de nuevo las
armas.
EL EZLN depuso las armas
cuando tras el rechazo legislativo de los Acuerdos de San Andrés
Larráinzar en 2001, decidió convertirse en un movimiento civil
pacífico. Las depuso, pero no las entregó. Y el subcomandante
Marcos ha dicho que sólo las utilizarán para defenderse.
Si
el EZLN respondiera a la violencia paramilitar, el Estado
justificaría el uso de la fuerza castrense para tomar el territorio
zapatista y así sofocar la experiencia autónoma.
Se pensó que la experiencia zapatista sucumbiría con el tiempo. Lo
cierto es que si bien bajó en visibilidad, consolida su autonomía
y sirve de inspiración a etnias que impulsan procesos similares.
La
lección autonómica zapatista es simple: rechaza cualquier apoyo
partidista o programa gubernamental; no participa en elecciones;
promueve la organización colectiva, horizontal e incluyente; creó
programas de salud, educación, gobierno e impartición de justicia
con identidad propia; estableció proyectos productivos
autosustentables y protege su tierra y recursos naturales.
Si bien es simple, esa
lección también es poderosa, pues mueve conciencias colectivas en
un momento en el que la crisis capitalista provoca que gobiernos e
iniciativa privada codicien las extensiones de tierra y los recursos
naturales de territorios indígenas.
De esta manera, comienza
a proliferar la resistencia activa de comunidades indígenas en
salvaguarda de su riqueza natural.
Lo vemos actualmente en
el pueblo yaqui de Vicam, Sonora, que ha cerrado carreteras en
protesta por la construcción de un acueducto que los despojará de
miles de hectáreas de riego.
También lo vemos en la
población purépecha de Cherán, Michoacán, que se atrincheró en
defensa de sus bosques ante la devastación impune cometida por
talamontes.
De idéntica manera se
actúa en Ostula, Michoacán, donde la población nahua creó un
movimiento de autodefensa para recuperar más de 700 hectáreas de
propiedad comunal arrebatadas por los caciques del lugar.
Y estamos a punto de
verlo en comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, sede de
la afamada policía comunitaria, que se oponen a la llegada de
compañías mineras canadienses a sus bosques.
La autonomía zapatista
inspira por igual la lucha de etnias o poblaciones rurales de Oaxaca,
Veracruz, Jalisco, Baja California, Campeche, entre otros estados.
Todo
indica que la lección zapatista se extenderá en el país conforme
se agudice más la crisis capitalista.
Así es como desde
lugares apartados y empobrecidos se fortalecen retículas de lucha y
sobrevivencia. Se trata de nuestros propios indignados.
Sin embargo, la autonomía
zapatista está más vulnerable que nunca. En los últimos tres meses
grupos paramilitares agredieron a comunidades zapatistas de cada uno
de los cinco Caracoles en las que éstas se aglutinaron por regiones:
Oventic, La Garrucha, Morelia, La Realidad y Roberto Barrios.
Ahora San Patricio, en el
Caracol de Roberto Barrios “Nueva semilla que va a producir”, y
Nueva Purísima, en el Caracol de La Garrucha “El camino del
futuro”, están en peligro de sufrir otra masacre como la de
Acteal.
La responsabilidad del
desenlace de estas invasiones paramilitares recae directamente en el
gobierno estatal de Juan Sabines y el gobierno federal de Felipe
Calderón.
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