REPORTE RADIOFÓNICO: A un año de las sentencias de Inés y Valentina dictadas por la CoIDH, el Estado mexicano sigue sin cumplir.

 
Escucha el Reporte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan


_____________________________________

Hace un año, el 1º de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (CoIDH) notificó dos sentencias contra el Estado Mexicano en los casos de Inés Fernández Ortega y otros, y Valentina Rosendo Cantú y otra, en las cuales determinó que ambas mujeres indígenas del pueblo me’phaa habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el Tribunal Interamericano denominó “violencia institucional castrense”.

Las sentencias impusieron al Estado Mexicano la ineludible obligación de reparar el daño causado a ambas mujeres y sus familiares, así como asegurar que las violaciones a derechos humanos que sufrieron Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú no vuelvan a cometerse, esto al ordenar reformas de índole estructural. En este sentido, las reparaciones implican diversas acciones, incluyendo medidas de alcance en el ámbito comunitario, hasta el deber de reformar el Código de Justicia Militar y posibilitar un recurso efectivo para impugnar su intervención, así como la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, entre otras.

No obstante, habiendo transcurrido un año desde que las decisiones fueron emitidas, los avances sustantivos en su cumplimiento siguen siendo escasos. La persistencia de la impunidad que protege a los militares que torturaron y violaron sexualmente a las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú es prueba de la reticencia del Estado para cumplir las sentencias.

El incumplimiento de estas medidas implica una grave contravención a las obligaciones internacionales del Estado Mexicano en su conjunto, incluyendo al Poder Legislativo, que no ha avanzado en lo que le compete.

Instamos, por lo tanto, al Estado Mexicano, a dar pronto y adecuado cumplimiento a todas las medidas de reparación ordenadas por la CoIDH en sus sentencias, para garantizar que el sufrimiento y la violencia de la que fueron víctimas Inés y Valentina no se repita jamás.