Nosotros,
estudiantes de la USP, organizados en el movimiento de ocupación y con
apoyo de los trabajadores, lanzamos este manifiesto a fin de
posicionarnos frente a la sociedad sobre lo que viene ocurriendo en
nuestra Universidad.
Existe
una política represora que ha avanzado contra aquellos que luchan por
una Universidad pública. Las acciones de la rectoría de la USP para
intensificar el proceso de privatización se han intensificado- lo que se
produce dentro de la Universidad cumple, cada vez más, el propósito de
atender los intereses del mercado en detrimento de los intereses de toda
la población. Con el objetivo de desmantelar el carácter público de la
USP, la rectoría ha tomado medidas para exterminar las fuerzas de la
resistencia en la Universidad. Más de 26 estudiantes, además de
trabajadores y profesores, están siendo procesados por manifestarse
políticamente, a través de procesos administrativos con fin de eliminar y
expulsar de la Universidad, y procesos criminales con objetivo de
prisión.
Con
la justificación de garantizar la seguridad, el rector de la USP
instauro, por medio de un convenio la presencia de la Policía Militar
(PM) en los campus. Con el avance de las persecuciones políticas queda
evidente que el verdadero propósito de la PM no es el de inhibir
crímenes sino inhibir y combatir manifestaciones políticas y cercenar el
derecho de libre expresión de estudiantes y trabajadores.
En
un contexto de crisis sistemática del capitalismo, se evidencia, en
todo el mundo, el papel de la policía como aparato armado de represión a
los movimientos sociales que resisten el avance de la desigualdad y
ataques a derechos históricos de la población. En Grecia, durante las
protestas contra las políticas de austeridad, los manifestantes han sido
reprimidos. En Londres y en Madrid la situación es muy parecida. En
Chile un millón de estudiantes van a las calles exigiendo una educación
pública y gratuita, y la violencia contra manifestantes es igualmente
fuerte.
En
Brasil los conflictos en 2009 en Paraisopolis, la represión cotidiana
de las APP´s a los habitantes de los cerros cariocas, las violencias
policiales contra ambulantes en lucha en el centro de Sao Paulo indican
el mismo sentido de la actual militarización de la USP: la represión
policial ataca a aquellos que luchan por sus derechos elementares. Y esa
represión, destáquese, es falsa: la propia ONU, organismo legitimador
del imperialismo, reconoce a la policía brasileña es la que más mata en
el mundo.
El
día 08/09/2011, el Rector Reitor João Grandino Rodas, sustentado
institucionalmente por un Consejo Gesto antidemocrático (sólo 30% de los
miembros representan trabajadores y estudiantes juntos), firmó un
convenio con la PM. Para enmascarar el convenio Rodas-PM, la Rectoría se
aprovechó oportunistamente de la muerte del estudiante Felipe Ramos de
Paiva, que ocurrió dentro del campus. Lo que fue omitido es que en el
día del asesinato la PM ya estaba actuando dentro de la Universidad-
inclusive haciendo revisiones frente al lugar de lo ocurrido. En los
últimos días, para legitimar la violencia ocurrida en la USP sin
explicitar su carácter político, usan de manera oportunista el lema de
la “lucha a las drogas”, para, así, justificar el clima de miedo que han
promovido dentro de la Universidad
diariamente. En los cerros de Rio y en todas las periferias brasileñas,
la represión tiene la misma cara: atacar las libertades más elementales
de todo el pueblo pobre.
Lo
que los medios no dicen es que la policía que encuadra estudiantes en
la USP por portar mariguana es la misma que actúa con el narcotráfico,
recibiendo el lucro de las ventas con una mano mientras reprime con la
otra. Lo que los medios omiten es que la policía que invade casas en las
favelas y dispara a mujeres y niños con la justificación de detener a
los traficantes es la misma que es socia del tráfico. Eso expresa la
hipocresía de combatir el narcotráfico en las universidades y en las
favelas, pues los verdaderos promotores y beneficiarios de ese mercado,
uno de los más lucrativos en el mundo, son las industrias farmacéuticas,
la policía, las clínicas privadas entre otros.
Esa
represión ha avanzado, pues la ley vigente que supuestamente
despenaliza la portación de mariguana sólo funciona como cortina de
humo, levantada por el sistema para dificultar la profundización en el
debate sobre la legalización de la mariguana y para criminalizar la
pobreza, movimientos sociales e a activistas políticos.
La
actuación de la PM dentro de nuestro campus el pasado jueves 27 de
octubre fue solamente uno de los episodios de cacería de estudiantes y
trabajadores de la USP por la PM. La semana pasada estudiantes de la
Escuela Politécnica fueron abordados dentro de sus Centros Académicos.
En la escuela de Comunicación y Arte (ECA) un estudiante fue revisado
por la policía con la justificativa de “mirar feo” a los policías. En
los últimos meses no fueron pocas las averiguaciones dentro de los
Centros Académicos, lo que no impidió el robo en el Centro Académico de
la ECA, sólo una semana después de la revisión de la PM en el lugar. El
día que culmino con esta ocupación, estudiantes y profesores fueron
abordados y revisados frente a la biblioteca de la Facultad de Filosofía
Letra y Ciencias Humanas (FFLCH). Y en esta misma
facultad, horas más tarde 3 alumnos fueron detenidos por policías del
ROCAM (motorizada). Al intentar impedir la detención de estos colegas,
deliberadamente defendida por la Directora Sandra Nitrini, centenas de
estudiantes fueron atacados con bombas de efecto moral (de miedo), gas
lacrimógeno, spray de pimienta, toletes y balas de goma. Varios
estudiantes fueron heridos. Respondimos como pudimos, o sea, corriendo y
lanzando palos y piedras.
El
discurso de la Rectoría intentó justificar la entrada de la policía
usando de manera oportunista el asesinato de un estudiante. Otros casos,
sin embargo, no fueron vinculados por los medios y la Rectoría- y eso
no fue por casualidad. Uno de esos casos fue la muerte del estudiante
Samuel de Souza, habitante del Conjunto Residencial de la USP (CRUSP).
Él era negro, pobre, bahiano, y estudiaba filosofía. Quien murió dentro
de la USP por negligencia médica de la Rectoría en relación a una
política de salud en los campi de la USP. También aconteció la muerte de
Cícera, empleada del comedor de pedagogía, asesinada en la favela de
San Remo, debido a una “bala perdida” disparada por la policía. La
hipocresía del discurso de la Rectoría que dice combatir la violencia,
queda claro cuando su propia
política de precarización fue responsable por la muerte del trabajador
subcontratado de limpieza, José Ferreira, por causa de un accidente de
trabajo.
Tales relatos nos impone el cuestionamiento: para qué sirve, de fato, la presencia de la policía dentro de la USP?
El
verdadero propósito de la presencia policial es garantizar la ejecución
de un proyecto de Universidad, defendida por el Rector João Grandino
Rodas. Este proyecto político busca someter la Universidad a los
intereses de las empresas y fundaciones privadas, cuyo único objetivo es
maximizar sus propios lucros: y es por eso que la investigación sin
fines mercadológicos es cada vez más rara en la Universidad. La
estructura que soporta este proyecto se hace representada sólo por un
pequeño grupo de personas, inmerso en las relaciones políticas bastante
dudosas con las grandes corporaciones, fundaciones y el gobierno del
Estado
de São Paulo. Con disminución de presupuesto para trabajadores
efectivos, el aumento de la subcontratación, y sin garantías de
contratación de profesores y la sustitución de jubilados, la
Universidad ya está cerrada para la mayoría de la
población, especialmente a los pobres y negros, se vuelve aún
más exclusiva, elitista y mercadológica bajo la administración de
Rodas, llevada a cabo con la mano represora de la Policía Civil y
Militar.
Simultáneamente
a la represión policial, que se produce tanto en la USP y por fuera, la
Rectoría está tratando de eliminar los espacios políticos, culturales y
de organización de los estudiantes, como el Núcleo de Conciencia Negra,
que fue fundado hace 23 años en la USP y hasta ahora no ha sido
legitimado por la Universidad, sufriendo amenazas de demolición de los
salones donde operan. El CANIL (perrera) – Espacio Fluxus Cultura, uno
de los pocos espacios culturales de los estudiantes USP-Butantã, sufrió
una tentativa de demolición, que fue impedido por el conjunto de
estudiantes. La Moradia Retomada, ocupada debido a la escasez de
plazas en el CRUSP, todavía está amenazada por una orden
de desalojo solicitada por el Rector. Y el espacio del DCE (Dirección
Central de Estudiantes) ocupado, después de su restauración, seria
reinaugurado ya no como un espacio autónomo, sino como "Centro de
Convivencia de la Rectoría" - lo que fue impedido por los estudiantes.
La
rectoría intenta silenciar a todos los movimientos de resistencia de la
Universidad con una avalancha de procesos. Los procesos
administrativos se basan en el Decreto 52.906, de 1972, Regimen
Disciplinar establecido bajo la dictadura militar, que se ejecuta en
la USP como "disposición transitoria" hace algunas décadas. Según este
decreto, se consideran actos de "indisciplina" de los estudiantes,
trabajadores y maestros, capaces de castigo, expresado en el artículo
248, fracción IV, de la "eliminación", las siguientes prácticas: el
artículo 250, sección VIII - "promover manifestación o propaganda
político-partidista, racial o religioso, así
como incitar, promover o apoyar las ausencias colectivas de
Algunos
de los procesos fueron abiertos basados únicamente en informes de la
policía que muestran, como de costumbre, una versión unilateral de los
acontecimientos. En el caso de los procesos penales, existe la
amenaza de la detención de las personas sobre la base de cargos
falsos por la Consultoría Jurídica de la Rectoría para llevar a cabo su
persecución política. Testigos a favor de la Rectoría son
generalmente miembros de la dirección, los guardias u otras personas
que, habiendo contratos de trabajo con el demandante, tienen sesgado su
testimonio. Esta es una de las maneras de producir pruebas falsas. No es
de extrañar que se ha creado, por
ejemplo, una delegación especial para la represión a las acciones
políticas de los trabajadores. Recordando que en 2009 uno de los
directores del Sindicato de Trabajadores de la USP fue despedido por la
lucha contra la precarización y la subcontratación en la Universidad. La
Rectoría ahora trata de preparar el camino para un rápido
progreso con los castigos contra los estudiantes, trabajadores
y maestros disidentes de la orden privatizadora que se está
estableciendo. Por eso es que decidimos cubrir los rostros: por la
verdadera amenaza de la represalia política - no porque somos o nos
sentimos criminales.
Por
esos motivos, estamos en contra a los procesos contra estudiantes y
trabajadores y por la revocación completa de esos decretos y procesos
criminales y administrativos! Estamos en pro de la revocación inmediata
del convenio PM-USP! Fuera la PM!
Mantendremos nuestra ocupación hasta que todas nuestras reivindicaciones sean resueltas.
Llamamos
a todos los trabajadores, estudiantes y profesores de la USP, de las
Universidades Federales y Estatales, y de toda la sociedad a la
participación activa en este movimiento.
Llamamos a la unidad y solidaridad internacional con la lucha contra la privatización y militarización de las universidades.
Estudiantes de la USP campus Butantã.
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