xtraido de Noticias de la Rebelion
La Suprema Corte sabe que tiene la obligación de ordenar libertad para los presos políticos y perseguidos de San Salvador Atenco
“Recuerden señores magistrados que el papel que ustedes juegan es muy importante. Un papel de dignidad o un papel de vergüenza para toda la historia, en que ni siquiera sus hijos se atreverán a decir ‘Mi padre fue magistrado. Mi madre fue magistrada’”.
Las palabras de Marta Pérez del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se pronuncian el miércoles, 23 de junio, cuando la Suprema Corte de la Nación empieza su revisión del caso Atenco.
En estos días, la Suprema Corte decidirá el futuro de los 12 presos que han vivido el despiadado ataque policial del 3 y 4 de mayo de 2006, ordenado por (¿¡el futuro presidente de México?!) Enrique Peña Nieto, y que han conocido en carne propia los campos de exterminio de México durante 4 años: Ignacio del Valle sentenciado a 112 ½ años en prisión, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, sentenciados a 67 ½ años y Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales, Oscar Hernández Pacheco, Narciso Arellano Hernández , sentenciados a 31 años, 10 meses y 15 días.
La Corte también decidirá el futuro de América del Valle y Adán Espinoza, perseguidos y obligados a esconderse, lejos de sus familias, durante 4 años.
Hoy han llegado dos camiones de campesinos de Atenco, y también está gente de la CNTE, SME, San Juan Copala, Pasta de Conchos, familiares de la Guardería ABC, La Otra Campaña, estudiantes, y medios libres, entre otros.
Apenas empieza el mitin, escuchamos un anuncio en voz quebrada de Trinidad Ramírez. Ha recibido una llamada de su hija, América del Valle, desde la embajada de Venezuela, donde está pidiendo asilo político al presidente Hugo Chávez. Teme por la vida de su hija. No sabe cuándo volverá a verla. Pide que una comisión la acompañe a la embajada de Venezuela para intentar verla. La angustia se escucha en su voz. Pero también dice: “No puedo hablar sólo de mí, sino hablo de todos los demás. Hablo de mi pueblo mexicano, que tan lastimado ha sido, que tan agredido. Luchamos por una causa y la única respuesta que se nos da es la represión. Únicamente se nos da la cárcel, la tortura, la desaparición, el encarcelamiento, o el asesinato, la muerte. Esto es lo que recibimos. Ministros, asómense a estas ventanas, no para ver el caso Atenco, sino para ver el país. Necesitan dejar de torcer estas leyes y hacer valer la constitución”.
¡América del Valle, te queremos en la calle! La consigna se escucha una y otra vez durante las horas que estamos ahí, junto con ¡Presos políticos libertad!
El FPDT hace suya la petición de América del Valle al presidente Chávez para concederle asilo político.
Heriberto Salas expresa lo que muchos sentimos: “La Suprema Corte no está dando justicio al pueblo mexicano. Lo vimos hace una semana exactamente cuando resolvieron el caso ABC. Es indignante saber que los ministros hayan resuelto que en el caso de los niños asesinados en la guardería, no existan responsables. Eso nos indigna demasiado. Hay que cuestionar el papel que están jugando estos ministros. Por eso ellos tienen que resolver, liberando a nuestros compañeros, haciendo justicia al pueblo mexicano, al menos en un caso. Y siguen otros. Sigue el caso de nuestros compañeros del SME. Sigue el caso de los compañeros mineros. Para todos, nosotros exigimos justicia”.
Una comisión entra en el edificio de la Suprema Corte para entregar hojas con 30,000 firmas que exigen libertad a los presos políticos de Atenco. La recolección de firmas sigue.
La Suprema Corte sabe que tiene la obligación de ordenar libertad para los presos políticos y perseguidos de San Salvador Atenco según la Constitución, la ley y los tratados internacionales que México ha firmado. El 9 de febrero de 2009, la Corte reconoció que hubo violaciones de derechos humanos en mayo de 2006, aunque tomó la decisión de proteger a los poderosos autores de los crímenes. La Corte está consciente de todas las irregularidades, cargos genéricos y fabricación de testimonios y pruebas en el caso. Sabe que el delito de secuestro equiparado es una medida inconstitucional para criminalizar a los movimientos sociales y lo demostró en un insólito acto de justicia cuando encontró inocentes y ordenó la liberación de las indígenas de Querétaro Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, ellas mismas acusadas de este delito por haber retenido a seis agentes federales. La Corte sabe que en este caso y en el caso de Atenco las retenciones de oficiales y/o policías durante unas pocas horas como medida de lograr justicia no tienen nada que ver con un secuestro de verdad.
En una carta enviada desde la embajada de Venezuela, América del Valle dice: “Quisiera equivocarme, pero todo apunta a que en los próximos días, los ministros atenderán a una decisión de Estado: dejar en la cárcel a algunos presos políticos de Atenco. Sacarán a unos cuantos, reducirán las condenas de otros, pero la realidad es que la injusticia prevalecerá….En nuestra patria no hay justicia. Me parece evidente que la Corte no puede sostener la aberración indefendible del “secuestro equiparado”, lo cual anularía las vergonzosas penas de hasta 112 años de cárcel para nuestros presos. Pero tienen la orden de buscar la maniobra “legal” para que algunos de nuestros compañeros aún no salgan libres, y todo indica que eso es lo que al final decidirán, más allá de la intención honorable de algunos de los jueces de poner fin de una vez por todas a esta profunda injusticia (nuestro reconocimiento a ellos). ¿De qué se trata? De ejercer un castigo ejemplar, descomunal contra los símbolos de la lucha social. Es una forma de advertir a los que se decidan a luchar, a qué se atienen si persisten en su intento. Saben que la situación es inestable. Tienen miedo, tratan de disuadir al pueblo de toda decisión de rebelarse, para atemorizarlo. Y por eso mismo es que creo que hay una decisión de Estado. La clase política requiere mantener la amenaza vigente, y por ahora no hay mejores candidatos para ello que los rebeldes, insumisos e incorruptibles campesinos del FPDT. Pero nosotros no lo aceptamos, queremos justicia, no más engaños de los mercaderes del derecho. No nos vamos a resignar, vamos a seguir luchando, porque en un país como el nuestro, donde se cierran las puertas de la justicia, la alternativa que nos queda es luchar y organizarnos para detener tanta impunidad”. Vean la carta completa en: http://atencofpdt.blogspot.com/
El martes 29 de junio será un día de acciones nacionales e internacionales en solidaridad con Atenco. En el DF habrá una marcha desde el Ángel de la Independencia a la Suprema Corte a las 4:00 de la tarde.
Las palabras de Marta Pérez del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se pronuncian el miércoles, 23 de junio, cuando la Suprema Corte de la Nación empieza su revisión del caso Atenco.
En estos días, la Suprema Corte decidirá el futuro de los 12 presos que han vivido el despiadado ataque policial del 3 y 4 de mayo de 2006, ordenado por (¿¡el futuro presidente de México?!) Enrique Peña Nieto, y que han conocido en carne propia los campos de exterminio de México durante 4 años: Ignacio del Valle sentenciado a 112 ½ años en prisión, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, sentenciados a 67 ½ años y Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales, Oscar Hernández Pacheco, Narciso Arellano Hernández , sentenciados a 31 años, 10 meses y 15 días.
La Corte también decidirá el futuro de América del Valle y Adán Espinoza, perseguidos y obligados a esconderse, lejos de sus familias, durante 4 años.
Hoy han llegado dos camiones de campesinos de Atenco, y también está gente de la CNTE, SME, San Juan Copala, Pasta de Conchos, familiares de la Guardería ABC, La Otra Campaña, estudiantes, y medios libres, entre otros.
Apenas empieza el mitin, escuchamos un anuncio en voz quebrada de Trinidad Ramírez. Ha recibido una llamada de su hija, América del Valle, desde la embajada de Venezuela, donde está pidiendo asilo político al presidente Hugo Chávez. Teme por la vida de su hija. No sabe cuándo volverá a verla. Pide que una comisión la acompañe a la embajada de Venezuela para intentar verla. La angustia se escucha en su voz. Pero también dice: “No puedo hablar sólo de mí, sino hablo de todos los demás. Hablo de mi pueblo mexicano, que tan lastimado ha sido, que tan agredido. Luchamos por una causa y la única respuesta que se nos da es la represión. Únicamente se nos da la cárcel, la tortura, la desaparición, el encarcelamiento, o el asesinato, la muerte. Esto es lo que recibimos. Ministros, asómense a estas ventanas, no para ver el caso Atenco, sino para ver el país. Necesitan dejar de torcer estas leyes y hacer valer la constitución”.
¡América del Valle, te queremos en la calle! La consigna se escucha una y otra vez durante las horas que estamos ahí, junto con ¡Presos políticos libertad!
El FPDT hace suya la petición de América del Valle al presidente Chávez para concederle asilo político.
Heriberto Salas expresa lo que muchos sentimos: “La Suprema Corte no está dando justicio al pueblo mexicano. Lo vimos hace una semana exactamente cuando resolvieron el caso ABC. Es indignante saber que los ministros hayan resuelto que en el caso de los niños asesinados en la guardería, no existan responsables. Eso nos indigna demasiado. Hay que cuestionar el papel que están jugando estos ministros. Por eso ellos tienen que resolver, liberando a nuestros compañeros, haciendo justicia al pueblo mexicano, al menos en un caso. Y siguen otros. Sigue el caso de nuestros compañeros del SME. Sigue el caso de los compañeros mineros. Para todos, nosotros exigimos justicia”.
Una comisión entra en el edificio de la Suprema Corte para entregar hojas con 30,000 firmas que exigen libertad a los presos políticos de Atenco. La recolección de firmas sigue.
La Suprema Corte sabe que tiene la obligación de ordenar libertad para los presos políticos y perseguidos de San Salvador Atenco según la Constitución, la ley y los tratados internacionales que México ha firmado. El 9 de febrero de 2009, la Corte reconoció que hubo violaciones de derechos humanos en mayo de 2006, aunque tomó la decisión de proteger a los poderosos autores de los crímenes. La Corte está consciente de todas las irregularidades, cargos genéricos y fabricación de testimonios y pruebas en el caso. Sabe que el delito de secuestro equiparado es una medida inconstitucional para criminalizar a los movimientos sociales y lo demostró en un insólito acto de justicia cuando encontró inocentes y ordenó la liberación de las indígenas de Querétaro Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, ellas mismas acusadas de este delito por haber retenido a seis agentes federales. La Corte sabe que en este caso y en el caso de Atenco las retenciones de oficiales y/o policías durante unas pocas horas como medida de lograr justicia no tienen nada que ver con un secuestro de verdad.
En una carta enviada desde la embajada de Venezuela, América del Valle dice: “Quisiera equivocarme, pero todo apunta a que en los próximos días, los ministros atenderán a una decisión de Estado: dejar en la cárcel a algunos presos políticos de Atenco. Sacarán a unos cuantos, reducirán las condenas de otros, pero la realidad es que la injusticia prevalecerá….En nuestra patria no hay justicia. Me parece evidente que la Corte no puede sostener la aberración indefendible del “secuestro equiparado”, lo cual anularía las vergonzosas penas de hasta 112 años de cárcel para nuestros presos. Pero tienen la orden de buscar la maniobra “legal” para que algunos de nuestros compañeros aún no salgan libres, y todo indica que eso es lo que al final decidirán, más allá de la intención honorable de algunos de los jueces de poner fin de una vez por todas a esta profunda injusticia (nuestro reconocimiento a ellos). ¿De qué se trata? De ejercer un castigo ejemplar, descomunal contra los símbolos de la lucha social. Es una forma de advertir a los que se decidan a luchar, a qué se atienen si persisten en su intento. Saben que la situación es inestable. Tienen miedo, tratan de disuadir al pueblo de toda decisión de rebelarse, para atemorizarlo. Y por eso mismo es que creo que hay una decisión de Estado. La clase política requiere mantener la amenaza vigente, y por ahora no hay mejores candidatos para ello que los rebeldes, insumisos e incorruptibles campesinos del FPDT. Pero nosotros no lo aceptamos, queremos justicia, no más engaños de los mercaderes del derecho. No nos vamos a resignar, vamos a seguir luchando, porque en un país como el nuestro, donde se cierran las puertas de la justicia, la alternativa que nos queda es luchar y organizarnos para detener tanta impunidad”. Vean la carta completa en: http://atencofpdt.blogspot.com/
El martes 29 de junio será un día de acciones nacionales e internacionales en solidaridad con Atenco. En el DF habrá una marcha desde el Ángel de la Independencia a la Suprema Corte a las 4:00 de la tarde.
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