Presupuesto para la construcción de La Parota: cheque en blanco a los violadores de derechos humanos

• La aprobación del presupuesto desconoce las recomendaciones de Relatorías de la ONU, de otras
  instancias internacionales y la decisión tomada por los dueños de la tierra el 12 de agosto de 2007.

• La decisión se da en la ilegalidad debido a la existencia de un amparo concedido por tribunales
  agrarios.

• Es necesario que los candidatos a la gubernatura del estado de Guerrero asuman posiciones claras
  en torno al proyecto.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña - Tlachinollan

Tlapa, Guerrero, México, a 17 de noviembre de 2010.- De acuerdo con la información publicada en diversos medios de comunicación, la Cámara de Diputados aprobó ayer 26 de noviembre la inclusión de recursos destinados a la construcción de la hidroeléctrica La Parota en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011, un proyecto que ha sido rechazado por los dueños de la tierra.

Aunque el monto y la partida respectivos sólo se conocerán a detalle una vez que se publique oficialmente el presupuesto, de confirmarse, la decisión del legislativo soslayaría el rechazo expresado en incontables ocasiones por parte de los campesinos y habitantes de la tierra, organizados en torno al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores al proyecto La Parota (CECOP), que han resuelto rechazarlo por ser social y ecológicamente inviable, así como violatorio de derechos humanos.

La entrega de recursos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción de La Parota en Acapulco rural ignora la existencia de cuatro sentencias emitidas en el año 2007 por los tribunales agrarios, que impiden que el gobierno federal y estatal realice obras en la zona donde se pretende construir la presa hidroeléctrica. Estas sentencias asimismo prohíben que se inicien los trámites de expropiación de las tierras. También ignora la decisión adoptada en la asamblea del 12 de agosto de 2007 cuando, tras oír los argumentos a favor y en contra del proyecto, los dueños de la tierra determinaron rotundamente rechazarlo.

Con la decisión de respaldar a la CFE en la imposición del proyecto, el poder legislativo ha dado la espalda a las recomendaciones de numerosos organismos internacionales de protección a los derechos humanos, que han ordenado garantizar el derecho a la consulta a los pueblos afectados y buscar alternativas. En ello han coincidido instancias como las Relatorías sobre vivienda, alimentación y pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también de la ONU.

Recientemente, en audiencia temática sobre el derecho a la consulta, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washingthon D.C. escuchó con preocupación las implicaciones sociales del proyecto. Otras instancias de carácter diverso, como el Tribunal Latinoamericano del Agua, también han instado a que el proyecto no sea impuesto. Todo ello, sin embargo, fue ignorado por el poder legislativo.

Además, la decisión de la Cámara de Diputados se sitúa en la ilegalidad al significar la entrega de recursos para una obra que no puede llevarse a cabo por orden judicial. El 1 de julio de de este año, dentro de un nuevo juicio donde se ventilan las irregulares asambleas auspiciadas por la CFE y el gobierno estatal, la Magistrada Martha Leticia Gracida Jiménez, titular del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del 41 distrito, otorgó una medida suspensiva, lo que implica que no se podrán hacer trabajos de construcción, licitaciones o cualquier otra acción que implique la
implementación del proyecto hidroeléctrico hasta que no se resuelva en todas sus instancias el juicio de nulidad, el cual está todavía en su primera instancia.

Los representantes populares sucumbieron ante la insistencia de la CFE y del gobierno del estado de Guerrero en su afán de imponer un proyecto que a todas luces es violatorio de los derechos humanos. La entrega de recursos a un proyecto inviable es aun más preocupante si se considera que queda en manos de una paraestatal que, como la CFE, enfrenta graves problemas de corrupción como se ha hecho público en fechas recientes. Por otra parte, el legislativo pasa por alto que en años pasados se otorgó una partida presupuestal a la CFE para iniciar los trabajos de construcción de La Parota y que estos recursos fueron a parar a los bolsillos de autoridades y supuestos líderes campesinos. A la fecha, la CFE no ha informado el uso que se le dio al dinero del pueblo.

En esta coyuntura, resulta hoy más que nunca necesario que los candidatos a la gubernatura del estado asuman públicamente posiciones claras y sin ambages respecto de un proyecto contrario a los derechos humanos, de modo que el pueblo de Guerrero conozca sus posicionamientos y convicciones en los más acuciosos temas de derechos humanos.

Frente a esta nueva acometida, los opositores al proyecto acudirán a todas las instancias nacionales e internacionales para exigir respeto a sus derechos. Como lo anunció el CECOP en días pasados, con presupuesto o sin él, La Parota no pasará.