Declaración sobre San Sebastián Bachajón, su tierra y su territorio

Hoy, 16 de febrero, se cumple un nuevo aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés y es un año más en que los diversos poderes del Estado se niegan a cumplirlos, no porque estos pongan en peligro a la Nación, sino porque ponen trabas a los deseos de expansión empresarial a los que, en busca de más y más beneficios, poco les importan los pueblos indios y su derecho a la tierra y al territorio.

México vive, hoy más que nunca, la diferencia entre el mundo de la política y los negocios, y el de los trabajadores, campesinos e indígenas que luchan, además de por sobrevivir, por defender sus formas ancestrales de vida. Muchos son los pueblos indios que, además, trabajan para ejercer sus derechos como pueblos, porque los tiempos de pedir y exigir ya pasaron.

Mientras, el Gobierno Federal vive en un mundo aparte en el que solo existen la llamada “guerra contra el narco” y unos supuestos éxitos en salud, infraestructura, economía, seguridad y desarrollo sustentable que solo él ve. Al tiempo, el Gobierno de Chiapas llena las páginas de algunos periódicos con noticias pagadas y desplegados en los que habla también de presuntos avances y mejoras en la vida de quienes habitan esa región, así como del respeto e incluso la admiración por aquellos pueblos que avanzan firmes en el desarrollo de su autonomía.

Sin embargo, la realidad se impone y se muestra al descubierto: el pasado día 24 de enero, un periódico de Chiapas daba la noticia de un grupo de comuneros de Chilón que había expresado la urgente necesidad de recuperar la caseta de cobro y la zona turística de Agua Azul, gestionada por los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña; quienes esto decían, añadían dos cosas más: la solicitud de intervención urgente por parte del Gobierno de Chiapas en el asunto, y que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dejara de “entrometerse” en el mismo.

Apenas 10 días después, el 2 de febrero, los “oficialistas” despojaron violentamente de la caseta a los compañeros adherentes que, al día siguiente, sufrieron la detención arbitraria de 117 ejidatarios, de los cuales, 10 personas, entre ellos un menor de edad, permanecen presos en el CERESO de Playas de Catazaja, Chiapas.

Por todo esto, y considerando que tanto el gobierno del Estado como el Federal, apoyan a las personas y grupos que han estado amenazando, hostigando y violentando la región, declaramos públicamente nuestro apoyo a los compañeros detenidos por defender sus tierras y territorios, así como los recursos naturales que en ellas existen:

Mariano Demeza Silvano (menor de edad, tiene 17 años)
Domingo Pérez Álvaro (forma parte de la Comisión de promoción)
Pedro Hernández López (secretario del comisariado ejidal)
Miguel López Deara (suplente del consejero ejidal)
Domingo García Gómez (integrante del Comité de Defensa de Derechos)
Juan Aguilar Guzmán (Principal cajero)
Pedro García Álvaro (con discapacidad mental)
Jerónimo Guzmán Méndez (ejidatario)
Pedro López Gómez (ejidatario)
Miguel Álvaro Deara (ejidatario)


Consideramos que dichas personas son rehenes del gobierno del estado, y por ello exigimos al Gobierno de Chiapas la inmediata liberación de los compañeros, junto al absoluto respecto a su autonomía en el cuidado y gestión de su tierra y territorio.


Centro de Documentación sobre Zapatismo – CEDOZ (Estado Español-México)
Colectivo ALANA (Solidaridad, Resistencia, Dignidad) – Grecia
Cooperativa de Comercio Alternativo y Solidario “LA SEMILLA” – Grecia
Grupo IRU (Estado Español)
Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid (Estado Español)
Red Libertario Apoyo Mutuo (Estado Español)
Y
Personas a título individual, adherentes a la Otra Campaña


Cedoz

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