Vivos se los llevaron, vivos los queremos: FDOMEZ

• Piden la presentación de desaparecidos

• Tipificar el delito de desaparición forzada

• Alto a la guerra, desmilitarización del país

Zapateando, Javier Hernández Alpízar.– Desapariciones, como el caso de Gabriel Gómez Cañas, comerciante y miembro del Frente Popular Revolucionario (FPR) de Orizaba, Ver., “desaparecido el 25 de marzo de 2011 a las siete y veinte de la tarde, cuando se dirigía a apoyar un plantón en el Centro de Orizaba”, denunciaron integrantes del Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata” (FDOMEZ), integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), en rueda de prensa con motivo de la Jornada Nacional contra la Impunidad y el Olvido: “No más desapariciones forzadas”, con el lema “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
De este tipo de delitos de lesa humanidad, dijo Braulio Morales Pascual, del FDOMEZ; “como organización política, hacemos ese reclamo para que no se siga esa forma de “justicia” que para el gobierno es, justificando que todo aquél que es crítico siempre somos considerados como delincuentes.”
Muchos casos de desapariciones –expresó– “no son denunciados, por el temor de que pueden ser amenazados o seguir la misma suerte”. Hay víctimas “indígenas y del sector popular que son objeto de detención, la desaparición o el encarcelamiento por ser un sector que no tiene los medios para comprar la justicia.”
No se tienen datos de desparecidos de otras organizaciones, lo cual explicó por el temor: “Ellos tienen también gente desaparecida, pero no son casos denunciados por el temor, ya que todo aquel sector campesino, popular, estudiantil, magisterial, siempre somos objetos a la detención y desaparición, por el simple hecho de luchar por nuestros derechos constitucionales.”
El FDOMEZ, “como organización política, respetamos a los personajes que hayan decidido escoger una lucha, pero no nos quita el derecho de exigir la presentación con vida de todas las personas desaparecidas a nivel nacional, como ciudadanos mexicanos.”
Se refiere a los principales nombres en la lista de desaparecidos de la campaña a nivel nacional: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, del EPR (Ejército Popular Revolucionario), que cumplieron el 25 de mayo cuatro años de su detención desaparición en Oaxaca. Asimismo, piden el esclarecimiento de los casos de: Francisco Paredes Ruiz, las hermanas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez y de Lauro Juárez.
Y enfatizó el entrevistado: “nos pronunciamos en contra de la desaparición forzada en México”.
En los años setenta, cerca de 1977, el FDOMEZ sufrió cuatro desapariciones en la Huasteca hidalguense y veracruzana que, “hasta la fecha, no hemos encontrado a nuestros compañeros, uno es de Mahuatlán, municipio de Huejutla, y otros de Tenamaxtepec, municipio de Yahualica, y otros dos. Todos documentados por el Comité de Derechos Humanos de la Huasteca. Incluso, dijo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento, pero los casos siguen impunes.”
En esos años, “la Huasteca se llenó de militares, más de diez mil cadetes militares que sitiaron la Huasteca para exterminar la organización campesina, el FDOMEZ”. Aseguró que es una organización que se han mantenido durante más de 30 años “en la lucha, de manera independiente, y hemos sufrido diversas formas de represión pero, gracias al pueblo, seguimos de frente.” Durante esa militarización “metieron grupos paramilitares para justificar” las represiones.
A nivel nacional, el gobierno “lo justifica como combate al narcotráfico, como los daños colaterales que ellos manejan, pero los perjudicados son la sociedad civil, el sector popular, quienes no tenemos nada que ver, sólo por andar en la calle, por conseguir nuestras necesidades, somos nosotros quienes andamos cruzando las calles y podemos salir dañados por ese supuesto combate al narcotráfico.”
En la Huasteca, denunció, es común ver “al ejército entrar a las comunidades. Nosotros como organización política, y cualquier organización tiene el derecho, bajo los marcos legales de la Constitución, de organizarse, la comunidad, planear sus trabajos colectivos, la forma en cómo trabajar el campo, pero siempre el Estado, y la inteligencia, nos marca como si planeáramos algo, o que somos delincuentes, por ser organizados o convocar a nuestra asamblea en las comunidades ejidales. Pero yo creo que mientras no salgamos del marco legal, todo ciudadano mexicano tiene derecho de reunión, de militancia partidista o de religión o credo, pero en México realmente no existe esa libertad.”
De la base militar en El Higo, Ver., dijo: “Entre ellos hay una acuerdo para según combatir la delincuencia, pero nosotros qué tenemos que ver. Si ellos realmente creen que es la vía por la que pueden solucionarlo… no (es) mandando el ejército a los cruceros, las colonias, los pueblos.”
Pero no hay empleos, ni educación y en vez de ello, “invierten pues para las fuerzas castrenses.” Como ciudadanos mexicanos no tenemos “libertad de tránsito, porque en nuestras calles tenemos que estar pidiendo permiso para transitar”.
Recordó que en el caso de Josefina Reyes, en Ciudad Juárez, por pedir justicia para su hija asesinada, “ella corrió la misma suerte, y sus familiares tienen que exiliarse porque en nuestro país no hay libertad”. Por eso muchas personas “prefieren estar callados que exigir, cuando ya no es tiempo para estar callados, aunque tengamos miedo de correr la misma suerte.”
Hay el proyecto de que se legisle para tipificar el delito de desaparición forzada, en Pachuca ya se presentó al Congreso del estado, aseguró, un proyecto de ley, y en fechas posteriores será presentado en Veracruz.
Su comunicado nacional de prensa denuncia que “las reformas judiciales y la Ley de Seguridad Nacional son un peligro para el pueblo de México y sus organizaciones, al estar encaminadas a la supeditación de los cuerpos castrenses y policiacos, a que la política interna de seguridad sea reducida a un engrane más de la política de seguridad nacional estadunidense, vía los asesores militares y policiacos norteamericanos, como se ha estado realizando con los adiestramientos de militares, marinos y policías, bajo lineamientos de carácter y objetivo contrainsurgentes.”
Las demandas con que finaliza el documento incluyen: “Castigo a los responsables de las más de 45 mil ejecuciones extrajudiciales y más de 10 mil desapariciones forzadas. Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del país. Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen. Alto a la guerra contra el pueblo que toma como pretexto el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico. Desarticulación de todas las bandas paramilitares. Por el regreso del ejército a sus cuarteles. Nuestro irrestricto apoyo a la marcha y movimiento por la paz con justicia social”.