PROSCRIPCIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN EL TRABAJO SEXUAL
* Su negación implica una nueva muerte social de las trabajadoras sexuales
*Que el movimiento amplio de trabajo sexual capitalino,
cierre filas contra las agresiones
Agencia de Noticias Independiente, Noti-calle, 25 de
noviembre de 2011, día internacional de la eliminación de la violencia
contra las mujeres. Por Jaime Montejo.- Hay poco qué celebrar
hoy en México, cuando desde el Programa Nacional de Derechos Humanos
dela Administración Pública Federal, publicado el 29 de agosto de 2008
en el Diario Oficial dela Federación (DOF), se menciona como un objetivo
“erradicar la prostitución”, sin atender las causas que la generan.
Así mismo, el Programa Nacional para Prevenir y Sancionarla Tratade
Personas 2010 – 2012, publicado el 5 de enero de 2011 en el DOF,
establece que “se impulsará el rechazo social a la prostitución”, lo
cual se equipara en la práctica con incitar al odio hacia las
trabajadoras –res sexuales.
Posteriormente se publica el decreto del 23 de febrero de 2011, que
modifica el artículo 5 dela Leypara Prevenir y Sancionarla Tratade
Personas, donde se señala que “incurrirá en el delito de trata de
personas, quien contrate los espacios o de a conocer desplegados o
anuncios de ese tipo, que genéricamente incluyen la publicidad que se
hace a servicios sexuales”, criminalizando no sólo a proxenetas, sino
también a trabajadoras sexuales que laboran por su cuenta y no tendrán
más remedio que recurrir a la “protección oficial”, que ofrecen
servidores públicos que viven de explotar la prostitución ajena, esto
es, que se dedican entre otras cosas, al lenocinio y la trata de
personas.
Como si todo ello fuera poco, hace apenas dos días, con 325 votos,la
Cámarade Diputados aprobó eliminar el consentimiento de la víctima como
excluyente de responsabilidad para los inculpados por el delito de
trata de personas, borrando por decreto la diferencia entre víctimas de
trata y trabajadoras sexuales móviles, que migran permanentemente de un
lugar a otro.
A partir de ese día, todas las trabajadoras sexuales son víctimas de
trata, sin excepción, negándole a un sector importante por decreto, el
derecho a decidir qué hacer sobre su cuerpo y sobre su permanencia en la
industria sexual. Es como lo señala Kim Kardashian, el puño piadoso del
poder, sobre las trabajadoras sexuales mexicanas.
Esta victimización, que no es otra cosa que violencia
institucionalizada contra las mujeres trabajadoras sexuales, impulsada
básicamente por mujeres, es un despliegue de poder, un abuso que se
legitima asegurando que sólo busca el bien de las presuntas víctimas;
cuando en realidad su fuerza material radica en perpetuar la
precariedad del trabajo sexual, incluso en fomentarlo y ampliar sus
redes para justificar el “rescate” de trabajadoras sexuales que no
requieren, no necesitan y no buscan ser rescatadas de ninguna situación
abusiva en su contra.
Sólo resta quela Ley Generalpara la prevención y combate de la trata
de personas, que está por expedirse, considere delincuente al cliente
de servicios sexuales, convirtiendo a las trabajadoras sexuales en
cómplices del delito.
En hora buena, evangelio y feminismo hegemónicos, condenan a las
trabajadoras sexuales que no son víctimas ni esclavas de sus decisiones,
a la muerte social y a la condena generalizada por no asumirse como
víctimas y negarse a ser rescatadas.
¿Qué hacer entonces para que se respeten y defiendan los derechos
humanos de las trabajadoras –res sexuales, en un contexto nacional donde
todas ellas y ellos son considerados víctimas de trata de personas con
fines de explotación sexual y sus opiniones no han sido tomadas en
cuenta para el diseño de la legislación sobre el tema y tampoco para las
demás políticas públicas que garanticen su derecho a trabajar en el
sexo, o a retirarse de dicho trabajo en cuanto sea su voluntad?
¿Qué hacer para que los operativos contra la trata de personas con
fines de explotación sexual, dejen de ser operaciones de limpieza social
y razzias que violentan la dignidad de las y los trabajadores sexuales?
Las y los trabajadores sexuales deben informarse de sus derechos,
organizarse, movilizarse de manera civil y pacífica y hacerse respetar
por las autoridades y otros sectores de la sociedad, como lo han hecho
durante más de 40 años en México; ya que al ser victimizadas todas y
cada una de las trabajadoras –res sexuales, sus “salvadoras” reproducen
el paternalismo patriarcal que tanto cuestionan y que hoy niegan por
decreto a las trabajadoras sexuales el derecho a tomar decisiones sobre
nuestras vidas, y a opinar libremente sobre su trabajo y condiciones de
vida.
El grupo que debe impulsar una estrategia de incidencia política que
haga respetar y promueva la defensa de los derechos humanos de las y
los trabajadores sexuales, debe estar integrado por el movimiento amplio
de trabajadoras –res sexualesmexicano, organizaciones que defienden los
derechos humanos de este sector, comisiones gubernamentales de derechos
humanos, académicos, religiosos, vecinos y trabajadores de medios de
comunicación sensibles a nuestra situación.
Algunos temas prioritarios para las trabajadoras sexuales, son los
siguientes: En lo inmediato, la convivencia armónica en la calle con
vecinos y autoridades, situación que les permitirá trabajar en paz, sin
molestar a terceros y sin ser molestados por nadie. A corto plazo, la
conquista de un marco jurídico que reconozca a quienes laboran por su
cuenta, como trabajadores no asalariados, con todos los derechos y
obligaciones que ello implica. A mediano plazo, el reconocimiento de las
obligaciones patronales de quienes contraten de manera verbal o escrita
a trabajadoras sexuales para que laboren en establecimientos
comerciales dedicados al trabajo sexual, como lo recomendóla Oficinadel
Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México.
Los problemas a los que nos enfrentamos son, entre otros, la muerte
social a la que hemos sido sometidas las trabajadoras –res sexuales en
la cruzada nacional contra la trata de personas con fines de explotación
sexual, quienes han tenido que guardar silencio para no ser
criminalizadas por defender su derecho al trabajo sexual.
Después del recrudecimiento de la discriminación de las trabajadoras
-res sexuales, con las políticas públicas con las que ha sido abordada
la pandemia del VIH/Sida, al etiquetarles como grupo de alto riesgo que
debe ser “verificado” periódicamente como los automóviles emisores de
contaminantes; la fuerza del Estado mexicano se ha centrado en la
incitación al odio hacia nuestro sector, al querer rescatarles a la
fuerza y contra su voluntad de situaciones que muchas personas eligieron
de manera soberana o al criminalizarles por defender sus fuentes de
trabajo sexual y no asumirse como víctimas deseosas de “reintegrarse”
socialmente, a una sociedad que discrimina a las mujeres y no nos ofrece
otras fuentes laborales alternativas al sexo comercial, que les
permitan solventar sus gastos y que un salario mínimo no garantiza a
nadie en este país.
Uno de los objetivos que debemos plantearnos es establecer un
ordenamiento que defina nuestros derechos y obligaciones laborales,
entre los que se encuentran la convivencia armónica entre vecinos,
autoridades y trabajadoras –res sexuales, en el uso de los espacios
públicos; donde todo el poder para establecer dicho disfrute, no quede
en manos del Estado, ya que eso ha propiciado la institucionalización
del lenocinio en las estructuras del Departamento del Distrito Federal
(DDF) y ahora en el Gobierno del Distrito Federal (GDF).
Así mismo, que no se condicione el usufructo de la vía pública a la
participación obligatoria en programas sociales e iniciativas de control
sanitario discriminatorio como aquellos que imponían la prueba de
VIH/Sida, el uso de credenciales que falsamente pretendieron acreditar
nuestra salud libre de ITS. Dicha normatividad, deberá incluir la
opinión vecinos y trabajadoras –res sexuales, sin la pretensión de
establecer zonas de tolerancia, corredores sexuales o puntos tolerados,
como en el pasado lo han hecho las autoridades.
Para ello, deberíamos promover que se incluyan las opiniones de las y
los trabajadores sexuales enla Leyde Trata de Personas del Distrito
Federal, para que no nos sigan tratando como víctimas o victimarias al
no reconocernos como objeto de trata. Cabildearemos nuevamente enla
ALDFla iniciativa de ley de Julio César Moreno, que buscaba reconocerles
como trabajadoras –res no asalariados, y que en su momento contó con un
basto consenso al interior del movimiento amplio de trabajo sexual del
D.F.
Así mismo, mostrar a la opinión pública, que hay otras vías alternas
para lograr el reconocimiento de las y los trabajadores sexuales como
trabajadores no asalariados. Una de ellas es que el Jefe de Gobierno,
Marcelo Ebrard, gire instrucciones al titular dela Secretaríade Gobierno
del Distrito Federal o al Secretario de Trabajo y Promoción del Empleo,
para que emitan y publiquen enla GacetaOficialdel GDF, unos
Lineamientos Generales que reglamenten la convivencia armónica en la
calle entre trabajadoras-res sexuales, vecinos y autoridades, y así
mismo propicien un mejoramiento en el nivel y calidad de vida de los
trabajadores no asalariados, primordialmente de aquellos que realizan
sus actividades económicas en la vía pública, como los son las y los
trabajadores sexuales que tienen sus puntos de encuentro en espacios
públicos, como lo establece el artículo 23, fracciones XV y XXX dela
LeyOrgánicadela AdministraciónPúblicadel Distrito Federal (LOAPDF). Otra
vía, es quela ConsejeríaJurídicadel GDF, reglamente el uso de la vía
pública en el caso de las trabajadoras –res sexuales.
En este momento, una de las fortalezas del movimiento amplio de
trabajo sexual en el Distrito Federal, es que podemos volver a cerrar
filas para defender el derecho a trabajar en el sexo con libertad y
responsabilidad, pese a nuestras diferencias y rivalidades. Una
oportunidad es el hecho de encontrarnos en la recta final del sexenio,
momento en el cuál por experiencia sabemos que muchos servidores
públicos y representantes populares, pretender saldar algunas deudas
históricas hacia nuestro movimiento. Una debilidad, es que ya son muchos
sexenios de promesas y la mayoría de nuestras compañeras –ros, no sólo
no confían en nuestros gobernantes ni enla CDHDF, sino que no esperan
ninguna política pública afirmativa que nos beneficie. Una amenaza
externa, el hecho de que al movilizarnos por nuestros derechos, no sólo
seamos criminalizadas, secuestradas, violadas, sino también asesinadas.
En este momento algunas de las estrategias de intervención que
podemos privilegiar, son la negociación con autoridades del GDF, con la
mediación inicial dela CDHDF, que deberá asumir los costos políticos de
invitar a todos los actores sociales involucrados en el trabajo sexual y
no propiciar ni la impunidad del crimen organizado, ni la cacería de
brujas de quienes participemos en este proceso de incidencia política.
Así mismo, la unidad en las movilizaciones concretas que acordemos
quienes impulsamos esta iniciativa, cada quien en sus tiempos, formas y
espacios. La capacitación y acreditación de quienes se han rezagado o
queremos actualizarnos como defensoras –res de derechos humanos. Y,
también, la implementación de una estrategia de medios, que permita
formar no sólo corrientes de opinión favorables a nuestra lucha por el
derecho a trabajar en el sexo en paz, sino también.
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